La industria del combustible pide ajustes en el Reglamento Europeo del Metano para evitar riesgos de suministro

La Asociación de la Industria del Combustible de España (AICE) ha instado al Gobierno de España a que, en la próxima reunión del Consejo de Energía de este viernes, respalde una resolución que reconozca que en el contexto actual "es necesario ajustar las obligaciones sobre importadores del Reglamento Europeo del Metano (EU MER) para evitar riesgos de suministro".

En un comunicado, la patronal, de la que forman parte Repsol, Moeve, BP España o Galp, entre otros, consideró también que la resolución del Consejo debería solicitar a la Comisión Europea "una propuesta legal para ajustar las exigencias previstas a partir de 2027 y promover una revisión acotada al capítulo V del Reglamento".

"De esta forma se aseguraría una aplicación viable y progresiva del reglamento, adaptada a la realidad del contexto y mercado global. La Comisión debería impulsar un análisis de impactos de la normativa, así como el refuerzo de la cooperación técnica y la diplomacia climática con países productores para avanzar en sistemas globales de medición, reporte y verificación de emisiones", añadió la asociación.

En el marco del Consejo de Energía de la Unión Europea de este viernes, la gran industria del combustible advirtió así que es "imprescindible una respuesta regulatoria urgente" que preserve el objetivo ambiental del reglamento sin comprometer la seguridad de suministro ni la competitividad del tejido industrial español y europeo.

El Metano

A este respecto, señaló que sólo el 3% de las importaciones de crudo que se realizan en España podría demostrar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en 2027-29, frente al 13% de la Unión Europea, según las estimaciones a partir de un estudio 'EU Methane Emissions Regulation Study' de Wood Mackenzie.

Además, subrayó que los importadores europeos tienen "una capacidad limitada, en ocasiones inexistente", para influir en las prácticas de terceros países a lo largo de toda la cadena de producción y suministro de petróleo y gas, y destacó que, a ello, se suma la ausencia de elementos regulatorios y jurídicos esenciales para su aplicación y entrada en vigor en 2027.

De esta manera, alertó de que esta situación "genera una paradoja normativa relevante", ya que empresas europeas que llevan años invirtiendo y liderando estándares avanzados de medición y reducción de emisiones pueden ser clasificadas como 'no cumplidoras', "no por su conducta, sino por la imposibilidad de garantizar el cumplimiento en origen".

Por ello, el sector de los combustibles, que ha mantenido reuniones con las instituciones para alertar del impacto e instar a buscar un ajuste selectivo del reglamento para aportar seguridad jurídica y no comprometer la competitividad y diversificación del suministro, estimó que el diseño actual del Reglamento del Metano "podría desplazar industria europea sin reducir las emisiones globales y con un nuevo impacto negativo en los costes de la energía para los ciudadanos y las empresas europeas".