"Permítannos manifestarles nuestro disgusto y gran preocupación en relación con la convocatoria de la subasta del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad que convocó el MITECO el pasado día 3 del actual mes".
Así comienza la carta que la Asociación Española de Grandes Consumidores de Electricidad (AEGE), la patronal siderúrgica UNESID y los dos grandes sindicatos, CCOO y UGT, han enviado tanto a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, como a la de Industria, Reyes Maroto, en la que solicitan "que se adopten medidas urgentes y ciertas que reviertan la situación creada con la convocatoria de subastas para el primer semestre de 2020".
"Las empresas industriales electrointensivas no piden garantías de rentabilidad, pero si unos precios eléctricos predecibles, similares a los de sus competidores europeos, y no sometidos a la arbitrariedad regulatoria y que les permitan competir con la industria alemana, el principal país de la UE", reza parte del texto enviado.
La industria electrointensiva y los sindicatos afirman que no pueden seguir esperando promesas que no se materializan (en clara referencia al Estatuto del Consumidor Electrointensivo) y, a la par, ver mermado el único instrumento que hasta el momento aliviaba parcialmente el diferencial de coste eléctrico con los principales países de la Europa continental. "Soportamos una brecha entre 20 y 25 € por MWh respecto a la competencia francesa o alemana. Con este diferencial España no puede ser un destino preferente para atraer la inversión empresarial ni podrá mantener la industria electrointensiva existente", destacan.
Es por ello que muestran a ambas ministras su descontento por la última convocatoria de la subasta de interrumpibilidad. "Nos ha sorprendido muy desagradablemente la tardía convocatoria de la subasta de interrumpibilidad para el primer semestre de 2020, así como las condiciones de la misma: La reducción arbitraria de la potencia a subastar (casi el 60%), junto con la desaparición de los bloques de alta disponibilidad de 40 MW supone un golpe durísimo a la competitividad de la industria electrointensiva española que se verá forzada a operar, con costes muy elevados por la magra cifra de 1.000 MW, frente a los 2.400 MW de la subasta anterior".
Ahora, la industria le pide al Gobierno por carta alguna solución. Y como ejemplo, los grandes consumidores de electricidad proponen a las ministras subastas de interrrumpibilidad extra. "Sería preciso mantener para las próximas subastas el requerimiento de potencia subastado para 2019 (2.400 MW), que podría realizarse mediante una convocatoria extraordinaria de subastas, contemplada en la regulación del servicio de interrumpibilidad u otra fórmula con igual resultado".
"Entendemos que en 2020 se debería encontrar un nuevo mecanismo que satisfaga a todas las partes, de aplicación a partir del 1 de enero de 2021", señalan en la misiva.
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