El pasado mes de junio, el IPCC advertía en su último informe sobre la urgencia de lograr reducciones drásticas y rápidas de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para limitar el calentamiento global a 1,55°C con respecto a los niveles preindustriales. Unas medidas que pasan, inevitablemente, por impulsar la mejora en eficiencia energética de manera transversal en todos los sectores de la sociedad y transitar hacia fuentes de energía renovables o con un balance neto de emisiones de GEI nulo.
Los diferentes gobiernos estatales e instituciones gubernamentales internacionales han comenzado a implantar planes estratégicos de carácter legislativo alineándose con las bases del informe del IPCC. Uno de los principales ejemplos es el nuevo borrador del PNIEC 2023-2030 impulsado por el gobierno de España, el cual va un paso más allá y se plantea alcanzar el 81% de generación eléctrica a partir de fuentes renovables al final de dicho período. Asimismo, prevé un 48% de energía de uso final proveniente de tecnologías y fuentes limpias, además de incrementar de 72 a 160 GW la capacidad de generación de energía renovable en 7 años.
Uno de los principales actores en el plano energético es la industria manufacturera atribuyéndose el 24% del consumo final de energía, apostar por las energías renovables puede convertirla en un auténtico agente de cambio. Además, dar el paso no solo ayudará a mejorar la huella medioambiental, sino también a la competitividad empresarial en un momento en el que el 85,5% de las compañías afirman haberse visto perjudicadas por el encarecimiento en el precio de la energía.
Apoyo público a la inversión en sostenibilidad
La transformación necesaria en la industria manufacturera y química precisa de inversiones de gran magnitud, lo que puede suponer un esfuerzo muy significativo para muchas empresas truncando así el objetivo de reducción y mejora del consumo energético en el sector. Por ello, las administraciones públicas, en su afán de alcanzar los objetivos de sostenibilidad y competitividad han puesto en marcha variedad de instrumentos financieros que promueven la financiación público-privada de los proyectos e inversiones a llevar a cabo.
Adicionalmente a los programas tradicionales y líneas actuales de ayudas del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA) para la mejora de la eficiencia energética a través de la sustitución de maquinaria, cabe destacar el Programa PREE 5000, que apoya la rehabilitación energética de edificios residenciales y no residenciales en municipios de menos de 5.000 habitantes contemplando, entre otras actuaciones, la incorporación de energías renovables.
También resulta interesante el Programa de Autoconsumo y Almacenamiento de Energías Renovables, que busca promover el despliegue de tecnología fotovoltaica y generación de calor a partir de fuentes renovables, fomentando el autoconsumo y un mayor control del consumo energético. Las convocatorias de ambas ayudas estarán abiertas hasta el 31 de diciembre de 2023.
Por otro lado, dentro del conocido Programa Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) encontramos una de las líneas de financiación con mayor dotación económica y más interesantes en materia energética como es la de Descarbonización. La publicación de las bases está prevista para finales del mes octubre y será fundamental para que las empresas del sector transiten hacia una economía baja en carbono.
Enmarcado en el Plan +Seguridad Energética (Plan +SE), este PERTE ofrece una ayuda del 40% a las empresas, o agrupaciones, del sector manufacturero que lleven a cabo inversiones relacionadas con la descarbonización de las fuentes de energía mediante la electrificación de los procesos productivos, mejora de la gestión energética o la captura, almacenamiento y reutilización del dióxido de carbono, entre otras actuaciones.
Finalmente, otro instrumento clave para mejorar la eficiencia energética y la sostenibilidad en la industria es el sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAEs), el cual, hace solo unos meses, ha finalizado de establecer su marco legal en España tras demostrar su efectividad en países como Francia o Italia. El funcionamiento de estos certificados consistirá en la obtención de un documento electrónico que acreditaría el ahorro anual del consumo de energía final derivado de una actuación de eficiencia energética.
De este modo, las energéticas podrán justificar ahorro energético, acelerar sus estrategias de sostenibilidad y, no menos importante, monetizar su inversión con la venta de dichos certificados a las empresas comercializadoras de energía obligadas a realizar aportaciones al Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE).
La industria manufacturera y química tiene el poder y el deber de liderar el camino hacia un futuro más sostenible. Asumiendo el reto de implementar proceso productivos más sostenibles y competitivos que mejoren la huella medioambiental y por ende su impacto en la sociedad. Al final, ese es el verdadero crecimiento sostenible.
Gustavo Pérez Bosque es consultor de Energía de Leyton Iberia.
galan
08/11/2023