La industria gallega busca certezas ante las dudas: Stellantis, Alcoa, Altri y la eólica

La industria gallega busca certezas ante las dudas con las que han acabado 2024 la automoción, con la factoría de Stellantis en Vigo como referente, Alcoa, Altri y la energía eólica, atascada en los tribunales. Así llegan a 2025:

Stellantis Vigo

La automoción atraviesa, a nivel global, un momento de incertidumbre en plena transición al vehículo eléctrico, que no acaba de arrancar.

El panorama genera preocupación en un sector que incluye en Galicia a 200 empresas y cerca de 25.000 empleos y que pide más ayudas al consumidor a la hora de adquirir vehículos mientras mira con recelo a los fabricantes chinos y las empresas de componentes instaladas en países como Marruecos.

A esas circunstancias se suma, en el caso de Vigo, la situación interna del Grupo Stellantis, que ha adelantado la salida de su consejero delegado, Carlos Tavares. La factoría viguesa, además, ha cambiado de director este 2024.

El sindicato CIG llegó a convocar en solitario una huelga en la automoción gallega que no tuvo incidencia en la planta de Stellantis, donde ni siquiera tiene representación en el comité de empresa. Otros sindicatos le recriminaron el movimiento: el sector necesita unidad.

La administración autonómica ha lanzado ayudas a particulares y empresas para renovar el parque automovilístico de Galicia y destinará 230 millones de euros hasta 2027 a apoyar a la automoción en los procesos de transformación hacia una movilidad más sostenible. Esa cantidad incluye la dotación del plan director de la automoción (134 millones).

Mientras, el Gobierno central, a través del Perte del vehículo eléctrico y conectado ha otorgado a la fábrica viguesa de Stellantis más de 40 millones de euros este año y el puerto de Vigo ha prorrogado la concesión que tiene en la Terminal de Bouzas el grupo automovilístico, que contará con un segundo silo de coches.

Alcoa

Parte de las cubas de electrolisis volvieron a arrancar en la planta de aluminio primario de Alcoa en San Cibrao (Lugo) a principios de año. En paralelo, la multinacional iniciaba el proceso de venta. De 60 potenciales compradores, ninguno, según la empresa, presentó una "oferta viable por el cien por cien de las operaciones".

En octubre, Alcoa Corporation e IGNIS Equity Holdings anunciaron el avance hacia la firma de un acuerdo de cooperación estratégica para la continuidad de las operaciones en San Cibrao: la multinacional americana aportaría 75 millones de euros y su socio haría una inversión inicial de 25 para financiar las operaciones.

El mes pasado, la dirección de la compañía planteó mantener la continuidad de la producción en la refinería de alúmina y arrancar como mínimo el 75 % de las cubas de la fábrica de aluminio primario en 2025, aunque con condiciones.

A principios de diciembre, el CEO de Ignis trasladó a sus trabajadores que su compañía podía "firmar los mejores contratos de PPAs" -suministro de energía a largo plazo- para mantener las operaciones.

Días después, se pospuso la reunión de la comisión de seguimiento del pacto de viabilidad que había convocado el Gobierno central para el 9 de diciembre en Madrid.

Altri

La macroplanta de celulosa desarrollada por Greenfiber, filial de la portuguesa Altri, y la gallega Greenalia en Palas de Rei (Lugo) acaba el año sin tener aprobada la declaración de impacto ambiental.

Lo que ya saben los promotores de esta fábrica de lyocell -fibra semisintética ecológica- con madera de bosques gallegos es que cuenta con la oposición de miles de personas que se han manifestado a lo largo del año en Galicia contra el proyecto.

Se expresaron, primero, en Palas de Rei en mayo; un mes después, en Santiago y, a mediados de diciembre, de nuevo en la capital gallega con otra marcha multitudinaria.

Días antes de esa última manifestación, activistas de Greenpeace instalaron en uno de los accesos a la sede de la Xunta una chimenea humeante de cinco metros de altura con pancartas con el lema 'Altri Non'.

La Xunta ha pedido a los partidos de la oposición en Galicia, BNG y PSdeG, "no contaminar" la información sobre el proyecto de la multinacional lusa Altri y dejar a los técnicos de la administración que emitan los informes sobre impacto ambiental porque estos "son independientes y deben evaluar la viabilidad o no" del proyecto.

Por su parte, el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, tiene la "convicción" de que el proyecto de Altri no contará con ayudas por parte del Estado, porque, sostiene, no cumple los criterios de economía circular o descarbonización.

Mientras, la Comisión Europea ha desvelado que con la información con la que cuenta sobre el proyecto no observa “ninguna infracción” de la Directiva de Emisiones Industriales (DEI), si bien ha recordado que el Gobierno debe velar por el cumplimiento de las normas.

Eólica

El viento sopla a favor de la energía eólica en Galicia, tanto en tierra como en mar, pero la tramitación de parques se ha enquistado.

El TSXG paralizó varias instalaciones proyectadas en Galicia al considerar que la Ley de evaluación ambiental estatal de 2013, la que aplica la Xunta para dar las autorizaciones, puede vulnerar el derecho comunitario. Ha elevado la cuestión al Tribunal Europeo.

En octubre, la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, contabilizaba 190 parques eólicos en funcionamiento y otros cien autorizados, con cerca de 70 paralizados por vía judicial.

La Xunta confía en que el TJUE "finalice el bloqueo que está sufriendo Galicia" en el sector eólico.

Pero no es la única polémica. Tanto la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE) como la patronal han discrepado de la decisión del Ejecutivo gallego de obligar a los promotores eólicos a redimensionar sus parques y destinar el 50 % de la energía generada mediante contratos de largo plazo (PPAs) exclusivamente a empresas gallegas.

En lo relativo a la eólica marina, la patronal Asime, la asociación de la industria del metal y sus tecnologías asociadas en Galicia, pronostica que puede generar 9.000 nuevos empleos en 10 años -actualmente tiene unos 3.000- y suponer un efecto tractor en 200 empresas.

Galicia concentra el 43 % de las áreas definidas por el Gobierno en los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM). En julio, Asime aplaudió que el Supremo avalara esas áreas frente al recurso interpuesto por la Plataforma en Defensa de la Pesca y de los Ecosistemas Marinos. En 2025 está previsto que se abran las subastas.