La Junta de Castilla y León alega contra el decreto que regulará los centros de datos

La Junta de Castilla y León ha anunciado que ha presentado alegaciones contra el proyecto de Real Decreto estatal que regulará los centros de datos, al entender que, entre otros problemas, no existen unas "reglas coherentes" que promuevan la inversión y el desarrollo tecnológico sobre el territorio.

En un comunicado, el Ejecutivo autonómico ha detallado que estas alegaciones han sido formuladas tanto por la Consejería de Medio Ambiente y Energía, y la de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial.

Entiende la Junta que esta norma "frena inversiones futuras en el territorio y pone en riesgo proyectos ya en marcha, además de perjudicar a centros públicos, científicos y de investigación".

Las alegaciones piden normas "equilibradas y coherentes", ya que entienden estos departamentos que las condiciones planteadas "son inasumibles e impiden" la instalación de nuevos centros o ponen en peligro proyectos que ya han invertido, obtenido permisos o se encuentran en avanzado estado de tramitación.

Uno de los principales problemas, en opinión de la Junta, es que el proyecto obliga a los centros a cubrir el 80% de su consumo eléctrico con determinadas fuentes renovables y, además, a demostrar ese porcentaje hora a hora.

Los centros de datos y Castilla y León

"Esto resulta especialmente difícil para instalaciones que necesitan funcionar de forma continua, mientras que la producción solar y eólica no es constante durante todo el día", ha resumido la Junta.

Otro de los puntos cuestionados por el Ejecutivo autonómico son las penalizaciones previstas, que pueden llegar hasta el 500 por ciento, que puede estar motivada por alguna desviación puntual y poner en peligro la viabilidad de algún proyecto.

"Regular no debe significar bloquear", ha resumido el Gobierno autonómico, que ha defendido el papel que debe jugar el Centro de Supercomputación de Castilla y León, una infraestructura pública que presta servicio a universidades, empresas y administraciones y que trabaja en ámbitos como la investigación, la inteligencia artificial y la innovación.

Para la Junta, "no tiene sentido aplicar exactamente las mismas reglas a un centro científico-público que a un gran centro de datos comercial, porque su finalidad y su forma de funcionar son diferentes".