Pese a las nuevas medidas de política pública en materia de captura y almacenamiento de carbono (CAC) y a la habilitación de nuevas vías de financiación, las perspectivas financieras de los proyectos de CAC en Alberta siguen siendo inciertas, según IEEFA.
Nuevas medidas de política sobre captura y almacenamiento de carbono en Canadá podrían generar resultados dispares y aumentar la exposición del sector público
Los proyectos de captura y almacenamiento de carbono (CAC) en Canadá siguen afrontando una débil rentabilidad económica y dependen del respaldo financiero del Gobierno, lo que traslada riesgos a los contribuyentes

Nuestros análisis anteriores señalaban que el aumento de las presiones sobre los costes, junto con unos ingresos escasos e inciertos, amenazaba la viabilidad financiera de los proyectos de CAC en Alberta, haciéndolos dependientes de ayudas financieras externas.
El acuerdo de implementación entre Canadá y Alberta de mayo de 2026, así como el posterior memorando de entendimiento trilateral entre el Gobierno federal, la provincia de Alberta y la Oil Sands Alliance, contemplan importantes ajustes fiscales y regulatorios, pendientes de la formalización de un acuerdo definitivo que se espera anunciar próximamente.
Precios del carbono
Incluso con estas políticas en vigor, las medidas destinadas a reducir la carga financiera derivada del cumplimiento de las obligaciones en materia de carbono podrían debilitar, al mismo tiempo, las condiciones de ingresos necesarias para que los proyectos de CAC sean viables. La revisión de los calendarios de precios del carbono reduce el techo potencial de ingresos de estos proyectos, mientras que los compromisos del Gobierno de garantizar el precio de mercado de los créditos de carbono podrían exponer a los contribuyentes a obligaciones financieras crecientes, sin asegurar a los operadores una estabilidad de ingresos.
Los datos publicados sobre el mercado de créditos por niveles indican que el exceso de oferta ya es una realidad. La introducción de créditos a la inversión, sumada a la reducción de la demanda derivada de los menores requisitos de cumplimiento aplicables a determinados emisores, amenaza con agravar aún más esta situación.
La ampliación del apoyo financiero destinado a los costes de construcción y explotación de los proyectos aumenta el volumen de capital público expuesto al riesgo en caso de que las instalaciones no alcancen los resultados previstos en términos de rendimiento o reducción de emisiones.
En última instancia, si el Gobierno mantiene su apuesta por subvencionar el despliegue de la CAC, la exposición de las arcas públicas debería estar limitada y las ayudas condicionadas al cumplimiento de resultados concretos y verificables: reducciones reales de emisiones, un rendimiento sostenido de la captura y el almacenamiento permanente de CO₂.
Los contribuyentes canadienses deberían desconfiar de que se les obligue a asumir una proporción cada vez mayor de los riesgos de estos proyectos sin garantías de reducciones duraderas de emisiones ni de beneficios económicos equivalentes.
Riesgos financieros
En un informe publicado en enero de 2025, IEEFA analizó los riesgos financieros que afronta el sector de la captura y almacenamiento de carbono (CAC) en Alberta en su conjunto, incluido el proyecto propuesto Pathways. Tras examinar la política federal y los informes anuales de rendimiento de dos instalaciones comerciales de CAC en Alberta —Quest y Alberta Carbon Trunk Line (ACTL)—, IEEFA advirtió de que el aumento de las presiones sobre los costes, junto con unos ingresos débiles e inciertos, amenazaba la sostenibilidad financiera de estos proyectos. El análisis concluyó que su limitada viabilidad económica estructural los haría dependientes de financiación externa, no solo para salir adelante, sino también para mantener su funcionamiento.
Desde la publicación de aquel informe se han producido dos importantes novedades en materia de política pública: el acuerdo de implementación entre Canadá y Alberta de mayo de 2026 y un posterior memorando de entendimiento trilateral entre el Gobierno federal, la provincia de Alberta y la Oil Sands Alliance. Ambos acuerdos contemplan importantes ajustes fiscales y regulatorios, pendientes de la formalización de un acuerdo definitivo que se espera anunciar próximamente.
Este informe analiza las posibles repercusiones de estas novedades normativas para los proyectos de CAC, centrándose en los riesgos financieros y sus efectos sobre la viabilidad de las iniciativas. Asimismo, actualiza los costes de los proyectos ACTL y Quest a partir de sus informes de rendimiento anuales más recientes.
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