El Ministerio de Industria quiere mantener los mecanismos de apoyo económico a las empresas industriales para aliviar sus costes energéticos y facilitar la transformación de sus procesos productivos. El secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, ha defendido la continuidad de los 600 millones de euros mínimos de compensación por los costes indirectos del CO2 y del 80% de reducción de los peajes eléctricos para los consumidores electrointensivos. Además, el equipo del ministerio trabaja para conseguir nuevos fondos que permitan dar continuidad a las ayudas a la descarbonización industrial una vez agotados los recursos europeos del Plan de Recuperación.
Así lo ha trasladado durante su intervención en el III Foro Industrial organizado por El Periódico de la Energía, donde ha reconocido que el precio de la energía continúa siendo uno de los principales problemas para determinados sectores industriales, especialmente aquellos que todavía no han podido transformar sus procesos productivos o para los que no existen alternativas tecnológicas suficientemente desarrolladas.
García Brustenga ha señalado que España se encuentra en una posición relativamente favorable dentro del contexto europeo, con unos precios medios de electricidad y gas situados en torno al 80% de la media comunitaria. Sin embargo, ha advertido de que la comparación con Estados Unidos sigue siendo desfavorable y ha mostrado su preocupación por el impacto del encarecimiento del gas en actividades como la química básica, los fertilizantes, la cerámica y el textil.
"Estamos extremadamente preocupados por el precio del gas y por el precio del gas que provoca en algunas industrias", ha reconocido, vinculando parte de las tensiones actuales a la situación geopolítica y a las dificultades de suministro derivadas de los conflictos internacionales.
Ante este escenario, el secretario de Estado ha avanzado que el Ministerio de Industria ha trasladado a la Comisión Europea la necesidad de establecer un esquema específico de apoyo para los consumidores industriales de gas. La intención es diseñar un mecanismo que permita aliviar los costes de estas actividades, en una línea similar a la solución que supuso la excepción ibérica para el mercado eléctrico.
En cuanto a los consumidores electrointensivos, García Brustenga ha defendido mantener el 80% de reducción de los peajes eléctricos y garantizar al menos 600 millones de euros en compensaciones por los costes indirectos del CO2. Este año, según ha explicado, el sector había solicitado hasta 715 millones de euros, aunque finalmente se han concedido 600 millones, pese a que el Gobierno amplió el número de sectores que podían acogerse a estas compensaciones.
El secretario de Estado también ha destacado la reciente modificación del Estatuto de los Consumidores Electrointensivos, que incorpora nuevos conceptos de la factura eléctrica susceptibles de recibir subvenciones, y ha recordado que el Ministerio ha movilizado más de 1.000 millones de euros en ayudas a la descarbonización industrial.
Sin embargo, la continuidad de estos programas es uno de los asuntos pendientes. El departamento está trabajando para que los próximos presupuestos nacionales y el futuro Fondo Europeo de Competitividad contemplen una segunda fase de apoyo a la descarbonización industrial, con el objetivo de mantener los incentivos públicos que permitan movilizar nuevas inversiones privadas.
García Brustenga ha señalado también la necesidad de garantizar el acceso y las conexiones eléctricas que requiere la industria y avanzar en el desarrollo de las infraestructuras de captura, transporte y almacenamiento de CO2.
Madrid advierte de que los centros de datos se quedan fuera de la planificación eléctrica
Las dificultades para disponer de infraestructuras energéticas capaces de acompañar las nuevas inversiones han centrado también la intervención de Cristina Aparicio, directora general de Transición Energética y Economía Circular de la Comunidad de Madrid. Durante la clausura del foro, ha advertido de que las necesidades energéticas de los centros de procesamiento de datos han quedado fuera de la planificación eléctrica que espera aprobarse próximamente.
"Ha quedado fuera toda la parte de los centros de procesamiento de datos", ha señalado Aparicio, que confía en que esta cuestión pueda resolverse en futuras actuaciones de mejora de la planificación.
La responsable autonómica ha defendido que el avance de España en generación renovable debe ir acompañado de las infraestructuras necesarias para trasladar esa electricidad hasta los puntos de consumo. "No basta con tener capacidad para generar energía limpia, tenemos que tener la capacidad para llevar esa energía y convertirla en industria, empleo y crecimiento económico", ha afirmado.
En este sentido, ha reclamado una planificación de las redes que se adelante a las necesidades empresariales, teniendo en cuenta que las compañías toman decisiones de inversión con varios años de antelación y necesitan garantías sobre la disponibilidad de suministro y capacidad de conexión cuando sus instalaciones entren en funcionamiento.








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