Frente Amplio propone 3h de luz gratis, redes públicas y un Fondo Generacional de la Energía a la noruega
La coalición de Ada Colau eleva al 100 % el objetivo de electricidad renovable en 2040, plantea un fondo soberano de energía al estilo noruego y una comercializadora pública, y quiere retirar los ciclos combinados en 2045 y el apoyo público al corredor de hidrógeno H2Med
El programa electoral de la coalición que encabeza Ada Colau, heredera de Sumar, coloca la energía en el centro de su propuesta económica con una idea fuerza: más renovables, pero con más Estado. Propone dedicar el 3,5 % del PIB cada año a la transición ecológica y elevar los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). El ministro Pablo Bustinduy lo resumió en un mitin reciente: "España podría hacer con nuestro sol lo mismo que Noruega hizo con su petróleo".
Más renovables y más ambición climática
El programa mantiene el 81 % de generación renovable en 2030 que ya fija el PNIEC, pero lo amplía al 90 % en 2035 y al 100 % en 2040. También marca objetivos de electrificación: que la electricidad cubra el 30 % del consumo total de energía en 2030, el 40 % en 2035 y el 50 % en 2040. Y propone recortar las emisiones un 38 % respecto a 1990 en 2035 y un 85 % en 2040, con neutralidad climática en 2050.
Para repartir los beneficios en el territorio, plantea ofrecer al menos el 20 % del capital de las instalaciones renovables de más de 5 MW a vecinos, ayuntamientos y comunidades energéticas, y crear un Fondo Generacional de la Energía inspirado en el modelo noruego, con una participación pública del 30 % en nuevas instalaciones renovables y de almacenamiento pequeñas y medianas. La mitad de sus beneficios se reinvertiría y la otra mitad iría a vivienda pública, rehabilitación y pensiones. Suma un Plan de Tejados Solares para que, antes de 2030, todas las comunidades de vecinos con azotea útil tengan autoconsumo compartido, adelantado por el Estado y devuelto con parte del ahorro. Reconocería además el derecho al autoconsumo compartido con vecinos del propio municipio y de los limítrofes en un radio de al menos 20 kilómetros, y garantizaría el carácter público de las líneas de transporte de más de 380 kV.
El bloque más rupturista es el de la propiedad. Frente Amplio quiere declarar la electricidad servicio público, establecer la titularidad pública de las redes de distribución eléctrica y de gas, ampliar la participación del Estado en Redeia y Enagás y gestionar desde lo público los saltos hidroeléctricos cuyas concesiones caduquen. Crearía una comercializadora pública que gestionaría el PVPC y el bono social, y recuperaría una Comisión Nacional de la Energía independiente. También rescataría el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, para que los costes de las renovables no recaigan solo en la factura de la luz.
Su medida más llamativa son tres horas de luz gratis al día en la franja solar, cuando hay excedente renovable. La comercializadora pública las ofrecería de partida, las grandes comercializadoras estarían obligadas a incluirlas y los peajes de esas horas se pagarían con un gravamen a las grandes energéticas. La CNMC vigilaría que esas horas gratis no se compensen con subidas en el resto del día. Además, promete reformar el sistema marginalista del mercado eléctrico.
Para los hogares vulnerables, sustituiría los bonos sociales por una tarifa social de la energía con reconocimiento automático y cubriría entre el 85 % y el 95 % de la instalación de bombas de calor o aerotermia para los 1,7 millones de familias con bono social térmico. Además, aumentaría en 144 kWh el consumo bonificado en junio, julio y agosto.
Pablo Bustinduy, Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ejerce como portavoz en la campaña electoral de Frente AmplioCarlos Luján/Europa Press
Cierre nuclear antes de lo previsto y adiós al gas
En nuclear va más allá que el PSOE: propone que Almaraz I y II cierren en 2027 y 2028, como fijaba el calendario original, pese a que el Gobierno prorrogó en agosto la central hasta junio de 2030. Los operadores tendrían que pagar el desmantelamiento y la gestión de los residuos, sin beneficios fiscales.
El programa planifica la retirada de los ciclos combinados hasta 2045 y el desmantelamiento ordenado de la red de gas, sin nuevas infraestructuras retribuidas. Prohibiría importar gas obtenido con fracking, eliminaría las subvenciones a los combustibles fósiles y vetaría la publicidad de estas empresas «como en su día se hizo con el tabaco».
Con el hidrógeno es selectivo: lo reservaría a la industria que no puede electrificarse, retiraría el apoyo público al corredor H2Med y destinaría esos 7.000 millones, según su cálculo, a redes, almacenamiento y electrificación industrial.
Fiscalidad verde
En impuestos, propone rebajar al 0 % el impuesto a la producción eléctrica para las renovables, con una compensación para las llamadas "zonas de sacrificio ambiental" donde se concentran los grandes parques. Gravaría la especulación con permisos renovables y las plusvalías por vender instalaciones antes de un año, el queroseno de los vuelos nacionales y el uso de aviones privados y yates, y equipararía la fiscalidad del diésel a la de otros combustibles.
En el plano institucional, la coalición crearía una Vicepresidencia Ejecutiva de Transición Ecológica con autoridad sobre el resto de ministerios, una Asamblea Ciudadana por el Clima permanente y un cuerpo civil climático dedicado a prevenir incendios, restaurar ríos y apoyar la agricultura regenerativa.
Deja tu comentario
Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Todos los campos son obligatorios