La Junta de Castilla y León ha firmado este viernes, de manera telemática, un protocolo con el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) y el Gobierno vasco que compromete a la búsqueda de alternativas económicas en la zona de Garoña, en la provincia de Burgos, tras el cierre en 2017 de la central nuclear.
El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo; la secretaria de estado de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), Sara Aagesen; la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia; han firmado el protocolo de actuación que desembocará en la firma de Convenio de Transición Justa para Garoña (Burgos).
También lo han suscrito Carlos Daniel Casares, secretario general de la FEMP, y Juan Pedro Sánchez, presidente de la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC).
El consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León ha explicado, en declaraciones a los periodistas, que este convenio comprometerá a la búsqueda de actividades alternativas en la zona de Garoña, tras el cierre de la central en 2017 y que el gobierno castellanoleonés, como el de la minería del carbón y las centrales térmicas, considera que se hizo de manera precipitada.
Ha recordado que la Junta propuso que el proceso fuera inverso y, primero, se ofrecieran alternativas económicas y empresariales a las zonas afectadas y, luego, se llevarán a cabo los cierres.
Sin embargo, ha advertido que no es hora de lamentos y de lo que se trata es de aprovechar los fondos que llegarán de Europa para propiciar una transición justa, tanto a la zona de Garoña como las provincias afectadas por el cierre de la minería del carbón y las centrales térmicas, con la implicación tanto de las empresas privadas como de las administraciones públicas.
Ha recordado que la UE destinará unos 17.500 millones de euros a apoyar las alternativas para superar los modelos basados en el carbón y la energía nuclear, de los que a España corresponderá un 4,5%, lo que ha considerado insuficiente.
El consejero ha asegurado que los principales destinatarios de estos fondos serán Polonia y Alemania y que países como GFrancia e Italia superarán a España.
Sin embargo, ha propuesto que se aprovechen y ha asegurado que la Junta de Castilla y León pondrá "ilusión" en su aprovechamiento" por más que insista en que adelantar el cierre de Garoña y de las centrales térmicas "fue un error".
El documento refleja el compromiso expreso de las diferentes Administraciones para realizar un trabajo conjunto en el desarrollo del Convenio que será elaborado por el Instituto para la Transición Justa -organismo autónomo de MITECO- y que permitirá identificar y adoptar medidas para minimizar los impactos negativos sobre la actividad económica, el empleo y la despoblación en el área de influencia de Garoña.
La primera fase en la elaboración del es la de delimitar el área geográfica de actuación, para lo que se aplican dos criterios, en primer lugar, el de cercanía a la central, que incluye los municipios que se encuentran en un radio de 10 kilómetros, después se tendrá en cuenta a las poblaciones que, aunque superen esa distancia, sufren impactos directos en sus ingresos fiscales, en el empleo o en las rentas salariales.
El Convenio de Transición Justa de Garoña incluirá 27 municipios, de los cuales 24 pertenecen a la Comunidad de Castilla y León, en concreto a las comarcas de Las Merindades, Bureba y Ebro, y tres en el País Vasco.
Al final se recogerá un plan de acción, con actuaciones concretas que impulsarán la diversificación de nuevas actividades económicas, una vez analizada su viabilidad y las posibilidades de mantenimiento a largo plazo.
La secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen ha anunciado que el inicio del proceso de participación pública se abrirá el próximo 20 de mayo y ha afirmado que "la inteligencia local debe estar al servicio de la trasformación de los territorios en transición energética".
Según la AMAC, este convenio permitirá identificar y adoptar medidas para minimizar los impactos negativos sobre la actividad económica, el empleo y la despoblación en el área de influencia de Garoña, como fórmula para garantizar un tratamiento equitativo y solidario a los trabajadores y los territorios afectados.
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