Los procedimientos de ejecución abiertos por empresas internacionales de energías renovables contra el Reino de España por los impagos de los laudos que condenaron al país tras la retirada retroactiva de las primas e incentivos ofrecidos al sector continúan avanzando en varias jurisdicciones europeas.
En el caso Eurus Energy, filial del grupo japonés Toyota, la justicia belga ha confirmado a los acreedores el monto embargado a España tras la decisión judicial comunicada el pasado mes de julio mediante la cual se autorizaba la intervención de los pagos mensuales que realiza el organismo europeo de control aéreo, Eurocontrol, a la empresa estatal española encargada de tramitar dicho servicio, Enaire.
Originalmente, y en base a datos de ejercicios anteriores, los acreedores comunicaron que esperaban aflorar al menos 80 millones de euros por esta vía. Sin embargo, según finalmente han constatado las autoridades, la cifra total que finalmente ha sido bloqueada asciende a 207,3 millones de euros, un monto del cual 197,3 millones se corresponden con los pagos que esperaba recibir Enaire, siendo los 10 millones restantes otras obligaciones menores.
Esta medida fue reclamada para garantizar el cobro de la indemnización reconocida tras el procedimiento en el que se dirimió el impacto que sufrió Eurus con la retirada retroactiva de las primas renovables. La compañía invirtió cientos de millones de euros en nuestro país para desarrollar parques eólicos y fotovoltaicos en comunidades autónomas como Galicia o Asturias.
El caso
Los recortes retroactivos aplicados a estas inversiones motivaron un procedimiento de arbitraje internacional, al amparo del Convenio del CIADI, tribunal de arbitraje del Banco Mundial, y del Tratado de la Carta de la Energía, del que España era firmante cuando sucedieron los hechos. Dicho arbitraje estipuló que España debe indemnizar a Eurus con un pago de 106,2 millones de euros e impuso asimismo el pago de intereses de demora que, en la actualidad, superan ya los 7 millones de euros.
A pesar de que los intentos de anulación del laudo por parte del Estado español fueron desestimados, la indemnización continúa sin abonarse. Es por este motivo que los acreedores tomaron medidas el pasado mes de julio, reclamando el embargo de los pagos de Eurocontrol a Enaire. Cabe recordar que, en paralelo, las empresas afectadas están litigando con éxito en otros países como Estados Unidos, Australia o Gran Bretaña, donde los tribunales ya han reconocido numerosos laudos e incluso autorizado otras medidas de embargo.
Conocida la cifra cercana a los 200 millones de euros que ahora ha quedado intervenida, los acreedores recuerdan al gobierno de España que el actual escenario de litigiosidad y conflictividad es perfectamente evitable, como puso de manifiesto el acuerdo alcanzado para zanjar la deuda del caso JGC. Cabe recordar que la inversión extranjera en España se ha desplomado más de un 60% en la primera mitad de 2025 y que resolver este tipo de cuestiones es vital para recuperar la confianza en los mercados.
EEUU y Australia
En paralelo, la ofensiva judicial de los inversores también avanza en Australia. El pasado 29 de agosto, el Tribunal Federal de ese país dictó una sentencia histórica que ordena la ejecución de cuatro laudos arbitrales de las renovables por un importe total de 469 millones de euros contra el Reino de España. El juez Stewart rechazó los argumentos de inmunidad soberana presentados por el Estado español y avaló íntegramente las reclamaciones de los demandantes, que incluyen a RREEF, 9REN, Watkins y NextEra. La resolución impone además costas procesales a España e incluso a la Comisión Europea, cuya intervención fue desestimada. Todo ello refuerza la posibilidad de perseguir activos españoles en territorio australiano.
En Estados Unidos, el patrón judicial es igualmente claro. El Tribunal de Distrito de Columbia, en Washington D.C., ha encadenado cinco fallos consecutivos contra el Reino de España en cuestión de semanas, confirmando la validez y ejecutabilidad de los laudos arbitrales derivados de los recortes a las renovables. Los casos Cube, Watkins, Antin, RREEF e Infrared suman, en total, un monto pendiente de pago cercano a los 355 millones.
La deuda total
España acumula 26 laudos pendientes de pago. En suma, dichas sentencias impusieron a nuestro país el pago de 1.492 millones de euros en concepto de indemnización. A esta cifra hay que sumarle 393 millones derivados de la acumulación de intereses de demora, condenas en costas y otros sobrecostes.
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