El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha avalado el canon a las eléctricas por la utilización de aguas continentales para la producción de energía eléctrica en cuencas hidrográficas en una sentencia publicada, asegurando que el derecho comunitario no se opone a dicho canon.
El Tribunal Supremo español, al que varias compañías eléctricas españolas exigieron la anulación del Real Decreto 198 de 2015 que impuso dicho canon mediante un recurso contencioso-administrativo, ha remitido una pregunta prejudicial a la justicia europea para que despeje sus dudas de si es compatible con el principio de 'quien contamina paga' previsto en la Directiva Marco sobre Agua y el principio de no discriminación, entre otros.
En su sentencia, el Tribunal de Justicia de la Unión ha aclarado que los Estados miembro deben tomar en consideración la recuperación de costes de los servicios relacionados con el agua, incluidos los costes para el medio ambiente y los recursos, en virtud del principio de 'quien contamina paga' previsto en la directiva sobre Agua.
En este contexto, el tribunal con sede en Luxemburgo precisa que ni la directiva ni el principio de que quien contamina paga se oponen a un canon como el español por la utilización de las aguas continentales para la producción de energía como el controvertido.
Además, precisa que la normativa sobre electricidad en el mercado interior no se opone tampoco a un canon como el español que recaiga únicamente sobre las empresas que generan energía hidroeléctrica que operan en cuencas situadas en el territorio de más de una comunidad autónoma y no cabe en su opinión aplicar el principio de discriminación previsto en la normativa a un canon de estas características.
Finalmente, acota que el hecho de que el canon no recaiga sobre las empresas de energía hidroeléctricas que operan en cuencas hidrográficas situadas exclusivamente en una comunidad autónoma y sobre los productores de energía eléctrica de varias fuentes no constituye una ayuda de Estado en favor de esos productores al no estar en una situación "comparable" --por el propio objetivo del canon para contribuir a la protección y mejora del dominio público hidráulico-- a las que operan en cuencas de varias comunidades autónomas, algo que competerá comprobar al Tribunal Supremo.
Impuesto a la nuclear
Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha avalado este jueves los impuestos que se aplican en España a la producción y almacenamiento de combustible y residuos nucleares al entender que cumplen con las reglas europeas.
La sentencia del tribunal de Luxemburgo considera que estos gravámenes no vulneran el principio de no discriminación recogido en la normativa europea sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad.
La Justicia europea resuelve así la cuestión prejudicial elevada por el Tribunal Supremo en el marco de varios procedimientos entre la Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA), Endesa Generación e Iberdrola Generación Nuclear contra la Administración General del Estado.
Estas empresas interpusieron ante la Audiencia Nacional un recurso contencioso-administrativo contra la orden ministerial que aprobó los modelos de autoliquidación y pago de los impuestos sobre la energía nuclear.
Su principal argumento es que estos tributos constituyen un impuesto especial sobre los productores de energía nuclear que distorsiona el mercado español de la electricidad, algo que debe considerarse ilegal atendiendo tanto a la legislación española como a la comunitaria.
La sentencia del TUE, en concreto, declara que el principio de no discriminación de la directiva europea "no se opone a la normativa española" que establece impuestos sobre la energía nuclear "que gravan únicamente a las empresas de generación de electricidad que utilizan energía nuclear y cuyo objetivo principal no consiste en proteger el medio ambiente, sino en incrementar el volumen de ingresos del sistema financiero de la energía eléctrica".
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