El Tribunal General de la UE --en primera instancia del TJUE-- ha desestimado este miércoles el recurso de varias empresas españolas contra la decisión de la Comisión Europea de aprobar en junio de 2022 una medida de España y Portugal para reducir el precio de la electricidad en el mercado eléctrico subvencionando parte del coste de los insumos de las centrales eléctricas alimentadas con combustibles fósiles, conocida como excepción ibérica.
"Celebramos que la Justicia europea avale el mecanismo ibérico impulsado por España y Portugal. Una solución que proporcionó un ahorro de más de 5.100 millones euro a los consumidores españoles y que el Tribunal considera apropiada y proporcionada", ha celebrado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, en su perfil de Bluesky.
La medida se aprobó en el contexto de la crisis energética motivada por el aumento de los precios del gas tras la guerra de agresión de Rusia a Ucrania y tenía un valor total de 8.400 millones, 6.300 millones correspondientes a España y 2.100 millones, a Portugal.
La modalidad de la ayuda se basó en el pago de una subvención directa a los productores de electricidad con el fin de financiar una parte de sus costes de combustible en beneficio de los consumidores y se financió en parte, por las rentas obtenidas por el gestor de la red de transporte español como resultado del comercio transfronterizo de electricidad entre Francia y España y en parte, mediante una contribución impuesta a los compradores de electricidad en el mercado mayorista.
La excepción ibérica
Las empresas que recurrieron esta decisión (PGI Spain, Berry Superfos Pamplona, Promens Packaging, RPC Envases y Zeller Plastik España) son sociedades españolas que no adquieren su electricidad directamente en el mercado mayorista de la electricidad, sino a través de un proveedor de electricidad.
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