La justicia neerlandesa, competente para analizar la demanda de Greenpeace a Energy Transfer

Un tribunal de Ámsterdam se declaró competente para examinar la demanda presentada por Greenpeace contra la empresa estadounidense de oleoductos Energy Transfer, a la que acusa de haber impulsado una serie de litigios abusivos destinados a silenciar la participación pública y la libertad de expresión de grupos ecologistas.

El Tribunal de Distrito de Ámsterdam rechazó los argumentos con los que Energy Transfer pretendía que el caso fuera desestimado o suspendido hasta la conclusión de los procedimientos paralelos que mantiene en Estados Unidos, lo que permitirá ahora que continúe la causa presentada por Greenpeace en Países Bajos.

La organización ecologista sostiene que Energy Transfer recurrió a las llamadas demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP, por sus siglas en inglés) para castigar y disuadir las críticas al proyecto del oleoducto Dakota Access Pipeline, construido en Dakota del Norte (Estados Unidos) y criticado durante años por comunidades indígenas y grupos ambientalistas.

El litigio en Países Bajos tiene su origen en la participación de Greenpeace en una campaña internacional de apoyo a la tribu sioux de la Reserva India Standing Rock.

La organización firmó en 2016, junto a más de 500 colectivos, una carta en la que pedía a los financiadores del oleoducto reconsiderar su respaldo al proyecto debido a las preocupaciones expresadas por la comunidad indígena sobre sus impactos ambientales y territoriales.

Energy Transfer y Greenpeace

Energy Transfer emprendió varias acciones judiciales contra Greenpeace en Estados Unidos por esa campaña.

La primera fue presentada en 2017 ante un tribunal federal bajo la ley RICO, una norma para perseguir actividades de delincuencia organizada, pero esa demanda fue desestimada en 2019, después de que el juez concluyera que las pruebas aportadas estaban "muy lejos" de demostrar la existencia de una organización criminal.

Después, la compañía presentó una nueva demanda ante los tribunales estatales de Dakota del Norte y en febrero de este año, un jurado concedió a Energy Transfer una indemnización de 345 millones de dólares, una decisión que Greenpeace intenta revocar mediante una solicitud de nuevo juicio ante el Tribunal Supremo de Dakota del Norte.

Paralelamente, Greenpeace International inició en 2024 una demanda en Países Bajos en la que pide que se declare ilícita la estrategia judicial de Energy Transfer y que se reparen los daños sufridos por la organización.

Pero Energy Transfer aseguró en abril pasado que los tribunales neerlandeses carecían de jurisdicción para tratar el caso y pidió suspender el procedimiento hasta que finalizara el litigio estadounidense, pero el tribunal rechazó este miércoles ambos planteamientos.

La Corte explicó su jurisdicción en que los supuestos daños económicos alegados por Greenpeace se habrían producido en Países Bajos y porque "el centro de intereses" de la organización está en Ámsterdam, lo que le permite también pronunciarse sobre el posible daño reputacional derivado del caso.

No obstante, los jueces determinaron que Greenpeace no puede basarse en la directiva europea contra las demandas abusivas, aprobada por la Unión Europea en 2024, ya que los hechos denunciados son anteriores a su entrada en vigor y la norma no tiene efecto retroactivo.

El tribunal fijará más adelante una nueva audiencia cuya fecha aún no ha sido anunciada.