El PSOE ha obtenido el apoyo mayoritario del pleno del Congreso para empezar a tramitar una ley que obliga a las empresas eléctricas y gasistas a incluir en sus páginas web información sobre las vías que existen para la resolución de litigios en materia de consumo.
Esta ley responde a la propuesta que realizó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en un informe de 2022 al Ministerio de Transición Ecológica, para garantizar los derechos de los consumidores.
A falta de la votación final, el pleno aprobará previsiblemente la toma en consideración del texto, lo que supone el inicio de su tramitación parlamentaria, tras un debate en el que el PP ha aprovechado para criticar la política energética del Gobierno y Vox su "ansia de intervencionismo" y su "paranoia normativa".
Sumar, por su parte, ha arremetido contra las comercializadoras energéticas por las "estafas" y "fraudes" que perpetran; y ha apuntado que estas empresas son "las mismas que quieren escaquearse de pagar impuestos".
A este respecto, el diputado de los comunes por Tarragona Félix Alonso ha afirmado que Repsol es "la empresa más contaminante de España, con el 62% de las emisiones de todo el Ibex 35".
"Apoyado por los lobbistas de esta cámara y de los medios de comunicación que reciben importantes inyecciones publicitarias, Repsol utiliza el chantaje fiscal para seguir pagando menos de un 3% en el Impuesto de Sociedades frente al 18% de las pymes", ha denunciado en alusión al futuro del gravamen a las energéticas que estos días está en discusión.
Las eléctricas y gasistas
Las empresas comercializadoras de energía eléctrica y gas natural están obligadas a ofrecer a sus consumidores la posibilidad de solucionar sus conflictos a través de una entidad de resolución alternativa de litigios en materia de consumo (ADR), pero los datos al respecto reflejan que la ciudadanía desconoce la existencia de estas vías de reclamación.
Con esta ley, las empresas estarían obligadas a informar a sus clientes sobre sus derechos respecto de las vías de solución de conflictos de que disponen en caso de litigio y a disponer de procedimientos para tramitar sus reclamaciones.
La tramitación de esta norma, que modifica la ley del sector eléctrico y la ley de hidrocarburos, ha recibido el poyo del PNV y Junts, que no obstante ha avanzado que presentará una enmienda a la totalidad para defenderse de la "invasión competencial".
El BNG ha anunciado enmiendas parciales para mejorar el texto durante la tramitación y para introducir en él otras modificaciones de la ley del sector eléctrico.
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