La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, calcula que las reclamaciones contra España ante instancias internacionales de arbitraje por los recortes en las primas a las energías renovables acometidos por el anterior Gobierno superan los 8.000 millones de euros.
En este momento hay cuarenta laudos o procesos de arbitraje vivos, a los que se sumarán otros anunciados, y la cantidad total reclamada, aunque "son estimaciones y hay que ser muy cautos", estaría por encima de los 8.000 millones, ha explicado Ribera en una entrevista con Efe.
Este hecho, ha apuntado la ministra, ha convertido a España "en el país con más litigiosidad y arbitraje pendiente".
Según Ribera, estas reclamaciones ponen de manifiesto que, cuando uno decide actuar al margen del contexto en el que opera, "la factura puede salir más cara que la que pretende evitar".
La ministra ha indicado que, a excepción de casos referidos a la reforma "temporal y acotada" que hizo el exministro socialista de Industria Miguel Sebastián -quien recortó la retribución a fotovoltaicas-, las demás resoluciones están siendo negativas para España.
Ribera ha explicado que la estrategia de defensa de España se ha apoyado en que no cabe aplicar la Carta de la Energía a inversores de países comunitarios, que estarían sometidos al mismo régimen que los españoles.
La titular de Transición Ecológica ha señalado que, aunque ese criterio ha sido respaldado recientemente por la Comisión Europea (CE), "parece que al Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones), que es donde se están sustanciando la mayor parte de los arbitrajes, no le acaba de convencer".
Según la ministra, en la cuestión de los arbitrajes, España tiene como alternativas que sigan los litigios, "que ya se recurrirá", o "explorar si hay otras opciones".
En este sentido, ha dicho que los portugueses fueron "muchísimo más inteligentes desde el primer momento", ya que buscaron soluciones que convencieran a las partes.
Ribera ha recalcado la importancia de que España sea "un país atractivo y seguro en términos de inversión", ya que la transformación energética exigirá inversiones de entre 70.000 y 80.000 millones hasta 2030.
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