El Congreso de los Diputados ha rechazado este martes el Real Decreto-ley 7/2025, conocido como el “decretazo antiapagones”, al no lograr el respaldo necesario para su convalidación. La negativa del Partido Popular a abstenerse, sumada al voto en contra de Podemos, Vox, BNG y Junts, ha sido decisiva para frenar una norma que pretendía dar respuesta a los graves cuellos de botella que afectan al sistema eléctrico español. Esta paralización legislativa pone en riesgo inversiones industriales superiores a los 200.000 millones de euros y deja sin solución inmediata problemas estructurales que amenazan el futuro de la electrificación y la descarbonización de la economía.
El decreto nació como respuesta a la creciente presión del sector energético e industrial por la falta de capacidad en la red eléctrica. En 2024, apenas una de cada diez solicitudes de acceso y conexión pudo ser atendida, a pesar de que en muchos casos existía capacidad técnica no utilizada. Esta rigidez del sistema se ha convertido en un freno directo al despliegue de proyectos industriales estratégicos y al cumplimiento de los objetivos climáticos.
A ello se suma el apagón sufrido el pasado 28 de abril, que evidenció las carencias del sistema en materia de coordinación y flexibilidad, y terminó de convencer al Gobierno de la necesidad de una actuación urgente.
Reforzar la seguridad del suministro
El Real Decreto-ley 7/2025 contenía un paquete de medidas destinadas a reforzar la seguridad del suministro, modernizar la planificación eléctrica y facilitar el acceso a la red de nuevas demandas industriales. Entre las disposiciones se incluían modificaciones en la periodicidad de la planificación de la red de transporte, que pasaba a ser revisada obligatoriamente cada tres años.
También se introducían procedimientos para autorizar nuevas conexiones de forma más ágil y se habilitaba la posibilidad de que varios consumidores compartieran posiciones en las subestaciones eléctricas, una solución particularmente relevante para zonas industriales. Además, se establecía la caducidad automática de los derechos de acceso no utilizados tras cinco años, una medida orientada a evitar el acaparamiento especulativo y liberar capacidad bloqueada.
Estas reformas buscaban responder al aumento de la demanda eléctrica asociada a la electrificación industrial y al interés de nuevas industrias por instalarse en España, atraídas por la disponibilidad de energía renovable abundante y competitiva. El país se encuentra en una posición estratégica para liderar la transición energética en Europa, pero esa ventaja se ve limitada por una infraestructura de red que no está preparada para absorber ese crecimiento. Un informe elaborado por PwC advertía que esta situación pone en jaque proyectos industriales clave, en sectores como el hidrógeno renovable, la fabricación de baterías o los centros de datos, cuya viabilidad depende de una conexión estable y rápida a la red.
Incertidumbre
El rechazo del decreto genera un nuevo escenario de incertidumbre. Las asociaciones del sector energético y las comunidades autónomas ya habían advertido de que, sin un marco normativo actualizado, España corre el riesgo de quedar rezagada en la carrera por atraer inversiones verdes. La inacción podría traducirse no solo en la pérdida de oportunidades económicas, sino también en un deterioro de la competitividad territorial, ya que las regiones con redes saturadas quedan fuera del radar de las nuevas inversiones industriales.
La paralización del decretazo también pone de relieve las deficiencias del actual modelo de planificación energética. La normativa vigente responde a una lógica reactiva, en la que las infraestructuras se desarrollan solo después de recibir solicitudes formales, lo que puede alargar los plazos de conexión hasta ocho años. Frente a esta situación, el decreto planteaba un enfoque proactivo, alineado con las directrices más recientes de la Comisión Europea, que promueven inversiones anticipadas para adaptar las redes a las necesidades de medio y largo plazo.
Ahora, con la normativa bloqueada, el Gobierno deberá buscar otras vías para intentar reactivar las medidas propuestas. Sin embargo, el tiempo juega en contra. Cada mes de retraso supone una oportunidad perdida para atraer inversión y consolidar a España como referente en reindustrialización verde. La transformación energética no solo depende de producir más energía limpia, sino también de tener la infraestructura adecuada para distribuirla.
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23/07/2025