Diez asociaciones y clústeres regionales, representantes de toda la cadena de valor del sector energético renovable español, han remitido una carta conjunta a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados en la que manifiestan su apoyo al Real Decreto-ley 7/2025, cuya convalidación se debatirá y votará el próximo 22 de julio en la Cámara Baja.
Las asociaciones firmantes, que agrupan a toda la cadena de valor energética a lo largo y ancho del territorio nacional, consideran que esta norma recoge medidas técnicas largamente demandadas por el sector para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico, facilitar la integración de energías renovables y acelerar la transición energética en España. Se trata de avances que aseguran un suministro eléctrico asequible a ciudadanos y empresas, y redundan en beneficio del conjunto de la sociedad española.
Entre las principales novedades, el RDL7/2025 permite que la tecnología renovable contribuya de forma directa al equilibrio de la red, agiliza la planificación de infraestructuras y la repotenciación de instalaciones, impulsa el desarrollo del almacenamiento para optimizar la gestión de la energía y mejora las condiciones para el autoconsumo compartido. Además, actualiza el sistema de hitos para aportar mayor seguridad jurídica y previsibilidad a los proyectos renovables.
El decreto antiapagones
Las organizaciones firmantes subrayan que la convalidación del Real Decreto-ley es fundamental para avanzar hacia un sistema energético robusto y competitivo. Su rechazo implicaría, según señalan en la carta, un freno a la inversión, dificultades para acceder a una energía asequible y limpia, un aumento de la vulnerabilidad frente a crisis energéticas, como la vivida en Europa a raíz de la invasión de Ucrania, que evidenció la dependencia de fuentes externas y la volatilidad de los precios del gas. Por ello, apelan a la responsabilidad institucional de los representantes públicos y solicitan su apoyo a la norma, que norma, que califican de estratégica y esencial para consolidar el liderazgo industrial y tecnológico de España.









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