La nueva 'Tasa Enresa' deja en fuera de juego a todas las centrales nucleares españolas

El sector de la energía nuclear en España vive prácticamente en erupción continua. Es de los pocos países donde existe energía nuclear que se plantea cerrar sus plantas en los próximos años. Esto ha generado cierta polémica cada vez que se acerca la fecha tope de decisión real para comenzar el apagón nuclear en España.

Ahora el Ministerio acaba de cambiar todas las reglas del juego con el nuevo planteamiento de la Tasa Enresa, aquella con la que se financia la gestión y el almacenamiento de los residuos nucleares a largo plazo así como el desmantelamiento de las centrales nucleares. Un planteamiento que significa una subida del 40% de la misma.

Un reciente informe de PwC señala que "la última modificación se ha traducido en una propuesta de Real Decreto del 12 de enero de 2024 que implicaría, en el supuesto de que se materialice, una subida del 40% de la tasa, pasando de los 7,98 €/MWh actuales a 11,14 €/MWh a partir de julio de 2024. La actualización de los costes futuros responde principalmente a la necesidad de mantener siete almacenes temporales descentralizados (ATD), uno en cada emplazamiento de las centrales nucleares, que sustituirían al fallido almacenamiento temporal centralizado (ATC). Esto ha supuesto un extracoste de 2.000 millones de euros que no es imputable a los propietarios de las centrales nucleares, sino derivado de una decisión política".

Presión fiscal

Esta decisión añadiría más presión fiscal a la ya soportada por las centrales nucleares en nuestro país. El total de impuestos y tasas ascienden ya a los 25 €/MWh, que equivalen a entre un 35% y un 40% de la facturación anual de las centrales y que, con el aumento de la tasa, supondría hasta un 50% cuando los precios de la electricidad sean del entorno de los 50 €/MWh (media OMIP 2024-2034).

"La implementación de la nueva norma elevaría de este modo la carga fiscal hasta los 28 €/MWh es decir, supondría 1.566 millones de euros de impuestos anuales a las centrales nucleares, una cifra que plantea grandes desafíos para la rentabilidad y competitividad del sector", señalan desde la firma de servicios profesionales.

Por tanto, concluyen los expertos de PwC que "El parque nuclear en nuestro país se enfrenta a un problema “artificial” de viabilidad económica por su elevada fiscalidad".

Este hecho de quedarse fuera de juego y entrar prácticamente en continuas pérdidas hace que las centrales nucleares españolas soliciten cerrar incluso antes de lo pactado. Generar electricidad a pérdidas no tiene ningún sentido.

Consecuencias

La firma de servicios profesionales PwC ha analizado también cuáles pueden ser las consecuencias e incluso se atreve a dar otro tipo de solución a la actual subida de Tasa Enresa para hacer viable el funcionamiento de las centrales nucleares en España.

Así, PwC pone como ejemplo que si el parque nuclear estuviese cerrado "se produciría un aumento de 13,26 €/MWh del precio medio del mercado eléctrico en España a raíz del mayor número de horas en las que los ciclos combinados (CCGT) fijarían el precio, lo que supondría tanto un incremento en el consumo de gas natural como un incremento de las emisiones de CO2".

"Al ritmo actual de desarrollo de renovables y almacenamiento, el eventual cumplimiento del plan ordenado de cierre del parque nuclear daría como resultado inevitablemente un incremento muy importante de la contribución de los ciclos combinados al mix de generación (recordemos que Alemania incluso ha anunciado un plan ingente de construcción de nuevas centrales), lo que conllevaría a un incremento importante de las emisiones de CO2 y de los precios energéticos", destacan.

Soluciones

En cuanto a solución, PwC explica que una solución posible pasa por no aumentar la carga fiscal de esta tecnología, de forma que Enresa pueda cubrir los desvíos planificados en el 7º PGRR con la recaudación por la Ley 15/2012. Mediante esta Ley, las centrales pagan una tasa por la producción de combustible nuclear y residuos radiactivos que supone unos 5 €/MWh y por la que hasta 2023 se ha recaudado en ese concepto más de 3.000 millones de euros, cantidad que hubiese sido suficiente para cubrir el extracoste de 2.000 millones de euros planificado en el 7o PGRR si dicha recaudación se hubiese guardado en un fondo para desviaciones de Enresa.

"Si se destina a Enresa una parte de la recaudación futura del impuesto de la Ley 15/2012, no sería necesario incrementar la tasa a las centrales tal y como se propone con la propuesta de RD. Del mismo modo si la recaudación sobrante del impuesto de esta misma ley se guardase en un fondo, se cubrirían posibles desajustes que Enresa pueda tener en el futuro", afirman.

Adicionalmente, sería conveniente revisar la idoneidad de establecer impuestos a Enresa (tal y como establece la misma Ley 15/2012) y que esta traslada posteriormente a las centrales nucleares. Es práctica común en España que las estructuras de titularidad del Estado, comunidades autónomas, corporaciones locales, así como los organismos autónomos y otros entes del sector público estén exentas de impuestos.

Simplemente el hecho de eximir también a Enresa del impuesto del almacenamiento centralizado de residuos radiactivos y combustible gastado establecido en la Ley 15/2012, reduciría los costes del 7º PGRR en 1.277 millones de euros (lo que equivaldría a reducir la tasa en aproximadamente 2€/MWh).