La OCU exige reforzar controles y vigilancia para evitar abusos en el mercado de los carburantes

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) reclama un refuerzo de los controles y la vigilancia por parte de los poderes públicos y de las autoridades de competencia tras la reciente resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ha sancionado a Repsol con 20,5 millones de euros y la exclusión temporal de seis meses en licitaciones públicas de suministro de combustibles. Esta decisión llega más de tres años después de que las estaciones de servicio independientes denunciaran prácticas contrarias a la competencia por parte de las principales compañías del sector, un caso que OCU hizo público en 2022.

Según la CNMC, entre abril y diciembre de ese año Repsol habría abusado de su posición dominante en el mercado mayorista, incrementando los precios a los que vendía combustibles a las gasolineras independientes —muchas de ellas de bajo coste— mientras desarrollaba campañas con fuertes descuentos en sus propias estaciones de servicio dirigidas a clientes profesionales y transportistas. Este doble movimiento elevaba los precios a los que las independientes podían operar, mientras hacía más atractiva la oferta de Repsol para los grandes consumidores, restringiendo así la competencia.

OCU recuerda que ya en 2022 advirtió comportamientos anómalos por parte de las grandes compañías. En un análisis publicado entonces, la organización señaló que las principales petroleras españolas mantenían sus precios unos cinco céntimos por encima de la media europea respecto a su situación previa a la implantación del descuento estatal de 20 céntimos por litro como consecuencia de la subida de precios con motivo de la guerra de Ucrania.

Aunque la sanción impuesta a Repsol no tiene efectos directos inmediatos sobre los consumidores —al tratarse de una multa y una limitación temporal de acceso a concursos públicos—, sí evidencia que persisten ineficiencias estructurales en un sector donde la regulación antioligopolio permitiría que las tres compañías con refinerías en España pudieran, legalmente, llegar a concentrar hasta el 90% de las estaciones de servicio del país, y donde Repsol alcanza o roza el límite máximo permitido en muchas provincias. Un nivel de concentración excesivo dificulta la competencia efectiva y eleva el nivel medio de precios, algo que se ha comprobado en zonas de alto tránsito como autopistas y autovías, con poca presencia de gasolineras low-cost en su recorrido.

Por ello, OCU urge al Gobierno y a la CNMC a actuar con contundencia y determinación para prevenir futuras distorsiones del mercado. La organización reclama:

• Mayor transparencia en la formación de los precios de los carburantes, tanto en el ámbito mayorista como minorista.

• Un refuerzo estable y proactivo de la vigilancia por parte de las autoridades, especialmente en contextos de crisis o gran volatilidad de precios.

• Sanciones más elevadas y disuasorias ante prácticas que constituyan abusos de posición dominante.

• Políticas que fomenten la competencia real, facilitando la entrada y consolidación de pequeñas y medianas compañías, especialmente en áreas donde la oferta es muy limitada.

OCU recuerda que un mercado de carburantes transparente, competitivo y justo es esencial para proteger a los consumidores, garantizar precios razonables y evitar que situaciones de crisis se traduzcan en oportunidades para prácticas abusivas. La organización seguirá defendiendo el interés de los usuarios y vigilando el comportamiento del sector para que casos como el de 2022 no vuelvan a repetirse.

Esta información ha sido elaborada por un equipo de abogados, economistas, estadísticos, ingenieros, profesionales de la salud y la alimentación, editores y diseñadores de OCU que, en colaboración con otras organizaciones europeas de consumidores y una red de laboratorios independientes, analizan desde 1975 los principales productos y servicios de consumo. Su trabajo se sustenta en los principios de ahorro, calidad, sostenibilidad y transparencia, pero sobre todo en la independencia que le proporcionan sus 180.000 socios activos.