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La patronal eólica europea pide ayudas para proteger las turbinas marinas frente a amenazas

WindEurope estima que integrar medidas de seguridad física supondría una inversión adicional de entre 4 y 12 millones de euros por proyecto

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La patronal europea de la energía eólica, WindEurope, ha pedido reforzar por ley la protección de la eólica marina frente a amenazas híbridas y que parte de esas medidas se sufraguen con fondos públicos, al considerar que responden a objetivos de seguridad nacional.

"Los cables de exportación, las subestaciones y los activos eólicos marinos están repartidos por amplias zonas marítimas y, por su propia naturaleza, son difíciles de proteger. Las interrupciones no afectarían solo a proyectos individuales, sino también a las redes eléctricas, la industria y los hogares", indicó WindEurope en un documento de posición política.

La consejera delegada de la organización, Tinne van der Straeten, aseguró que el sector está "poniendo de su parte" y subrayó que "la seguridad física de los aerogeneradores europeos debe tratarse como una parte integral de la seguridad energética".

La patronal eólica señala ejemplos como la mitigación de interferencias en radares o el mantenimiento de capacidades de vigilancia de defensa, que, a su juicio, sirven "principalmente a fines públicos y, por tanto, deberían financiarse con fondos públicos".

Los desafíos de la eólica marina

"Las medidas impulsadas por el Estado y relacionadas con la defensa deberían financiarse con fondos públicos, ya que sirven a la vigilancia nacional, la protección civil y objetivos de resiliencia más amplios que van más allá de proyectos individuales", dice WindEurope, que reclama "una asignación clara de costes entre los gobiernos y la industria".

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El sector sitúa a la energía del viento como un activo estratégico y pide reforzar su seguridad, pero matiza que debe seguir siendo de uso civil.

"Esto no implica una militarización. La eólica marina sigue siendo un sector civil y la autoridad para responder y hacer cumplir las normas recae en el Estado", indica el documento de posición política de WindEurope.

Según las estimaciones de esa organización, integrar medidas de seguridad física supondría una inversión adicional de entre 4 y 12 millones de euros por proyecto, además de costes operativos anuales de entre 0,5 y 1,2 millones para monitorización, operación de sistemas y mantenimiento.

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