La presión fiscal verde en Europa alcanza los 25 billones con España entre los países más recaudadores

La Unión Europea ha recaudado más de 25,7 billones de euros entre 2013 y 2022 a través de impuestos y tasas vinculados a la transición ecológica, una cifra sin precedentes que consolida la fiscalidad verde como uno de los ejes centrales de la política económica comunitaria y sitúa a España entre los países con mayor capacidad recaudatoria asociada a estas medidas. Así lo recoge el informe La factura de las políticas verdes, elaborado por el centro de estudios CEU-CEFAS, que examina el alcance fiscal, económico y regulatorio de las políticas medioambientales impulsadas en la última década.

El estudio muestra que Alemania, Italia, Francia, Países Bajos y España concentran más del 60% de toda la recaudación verde generada en la Unión Europea durante ese periodo. En términos absolutos, España ha ingresado cerca de 1,7 billones de euros bajo el paraguas de la transición ecológica, lo que la sitúa como el quinto país con mayor volumen de ingresos derivados de impuestos y tasas medioambientales. Esta posición se ve reforzada por la amplitud de los instrumentos utilizados, ya que España lidera la Unión Europea en número de figuras fiscales verdes, con 80 impuestos y tasas catalogados como ambientales por la OCDE.

Primer país europeo y segundo del mundo

La presión fiscal no se limita a la imposición. El informe destaca que España ocupa también una posición destacada en el ámbito de los subsidios y transferencias vinculados a objetivos ecológicos, con 90 ayudas de este tipo, lo que la convierte en el primer país europeo y el segundo del mundo, solo por detrás de Estados Unidos. Esta combinación de impuestos y gasto público refleja, según el análisis, un papel especialmente activo del Estado en la promoción y dirección de la transición ecológica.

Cuando la recaudación se analiza desde una perspectiva per cápita, el impacto sobre los ciudadanos adquiere mayor relevancia. En el conjunto de la Unión Europea, la contribución acumulada supera los 130.000 euros por habitante entre 2013 y 2022, lo que equivale a más de 13.000 euros anuales de media destinados a políticas verdes. En España, la cifra ronda los 89.000 euros por persona en el conjunto del periodo, una cuantía inferior a la registrada en varios países del norte de Europa, pero elevada si se pone en relación con el nivel de renta y la evolución económica del país durante esos años.

El informe contextualiza estos datos dentro de un marco regulatorio cada vez más amplio. Europa concentra cerca del 60% de las normas medioambientales vigentes a escala global, con más de 1.900 disposiciones en vigor, lo que la convierte en la región más activa del mundo en regulación climática. Este despliegue normativo ha ido acompañado de un fuerte crecimiento del gasto en protección ambiental, que entre 2007 y 2023 aumentó más de un 52 %, muy por encima del crecimiento acumulado del PIB de la eurozona en el mismo periodo.

Impacto limitado

Pese al volumen de recursos movilizados, el estudio cuestiona la eficacia climática del esfuerzo realizado. Según los modelos analizados, incluso una eliminación total de las emisiones de dióxido de carbono por parte de la Unión Europea tendría un impacto limitado sobre la reducción del aumento de la temperatura global, con descensos estimados de solo unas décimas de grado a medio y largo plazo. Esta constatación abre el debate sobre la relación entre el elevado coste económico asumido por ciudadanos y empresas y los beneficios climáticos efectivamente obtenidos.

Las conclusiones del informe apuntan así a la necesidad de revisar el diseño y la eficiencia de las políticas verdes actuales. Aunque reconoce la ambición de la estrategia europea y el compromiso financiero de países como España, el análisis advierte del riesgo de que la transición ecológica haya derivado en un sistema de elevada presión fiscal con resultados climáticos limitados, con posibles efectos adversos sobre la competitividad económica y el poder adquisitivo de los hogares.