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La energía solar fotovoltaica vive en España su momento dorado. En 2024 generó casi el 20% de toda la electricidad del país, un nuevo máximo histórico y un salto del 19% respecto a 2023. Las cifras son espectaculares: casi 80.000 nuevas instalaciones de autoconsumo en un solo año, y más de medio millón en funcionamiento. Desde viviendas unifamiliares y colegios hasta centros comerciales, naves industriales y almacenes, los tejados de España se llenan poco a poco de paneles que capturan luz y la transforman en electricidad limpia y más económica.

Pero en esta carrera hacia la transición energética hay un riesgo que empieza a encender las alarmas: los incendios. Y no hablamos de casos aislados. Entre 2022 y 2023 se registraron más de 1.000 incendios en instalaciones fotovoltaicas en España. En porcentaje, es un número bajo frente al total de sistemas instalados, pero muchos podrían haberse evitado.

Los peritos coinciden en que las causas principales son la instalación inadecuada y los defectos de producto, un patrón que no es exclusivo de España. La Universidad de Berlín ya detectó en Alemania, país pionero en energía solar, que casi la mitad de los siniestros fotovoltaicos tenían su origen en la propia instalación, con diseños técnicos incorrectos, cables de sección insuficiente, fusibles mal dimensionados, conexiones flojas y terminales mal insertados. Si a esto se añaden mordiscos de roedores o aves, deterioro prematuro de materiales o agentes climáticos extremos, el riesgo se dispara.

Más en residenciales

Los estudios indican que existe una mayor incidencia de incendios en entornos residenciales respecto a los industriales (donde entran en las gamas de mantenimiento preventivo), aunque los patrones temporales de aparición de siniestros requieren análisis diferenciados según la antigüedad de las instalaciones. con un incremento notable a partir de los diez años de vida útil.

Alrededor del 67% de estos incendios se originan en fallos eléctricos: conexiones defectuosas que pueden producir arcos eléctricos con temperaturas superiores a los 3.000 grados, sobrecalentamientos localizados, conocidos como hot spots, que elevan la temperatura de ciertas células por encima de los 150 grados, y aislamientos que, con el tiempo, se degradan. Factores ambientales como hojas secas acumuladas o daños por granizo están detrás de un 23% de los casos, mientras que errores directos de instalación suponen en torno al 10%.

Más de 1.000 incendios se produjeron en instalaciones fotovoltaicas en los últimos dos años
Los expertos en prevención cada vez están más preocupados por estos accidentes en las instalaciones solares en viviendas o naves industriales.

Según Caser, sólo el 4% de las reclamaciones en instalaciones solares se deben a incendios, sin embargo, su potencial destructivo es muy superior al valor económico de la instalación. La particularidad es que un incendio fotovoltaico no se comporta como uno convencional: los paneles siguen generando tensión mientras reciben luz, incluso si están ardiendo. Esto significa que, mientras haya sol, la electricidad sigue circulando por circuitos y componentes dañados, lo que complica la extinción y obliga a los bomberos a trabajar con distancias de seguridad y procedimientos específicos.

Las consecuencias económicas pueden ser serias. La reposición completa de una instalación residencial oscila en una horquilla de entre 45.000 y 75.000 euros, y en el caso de las industriales superar el medio millón, sumando las pérdidas por interrupción de actividad. Además, el calor y las llamas dañan la estructura del edificio, reduciendo su resistencia hasta en un 50% y aumentando el riesgo de colapso. No hay que olvidar el riesgo químico: la combustión de los plásticos de los paneles libera gases como ácido fluorhídrico y ácido clorhídrico, que pueden provocar quemaduras químicas y problemas respiratorios, junto con monóxido de carbono y compuestos orgánicos volátiles que afectan al sistema nervioso. También existe el peligro mecánico de la caída de módulos, que pesan entre 18 y 25 kilos por metro cuadrado, y la fragmentación del vidrio en piezas cortantes.

Protocolo

Extinguir un incendio fotovoltaico exige protocolos precisos: desconexión eléctrica inmediata, verificación de ausencia de tensión, uso de equipos de protección dieléctricos y técnicas como el agua nebulizada para reducir la conductividad y enfriar gradualmente. Además, se recomienda delimitar perímetros de seguridad, asegurar vías de evacuación rápidas y controlar en todo momento la temperatura y la concentración de gases para evitar reavivamientos.

El sector, consciente de estos riesgos, empieza a reaccionar. Cada vez más fabricantes incorporan sistemas de apagado rápido y protecciones que limitan la tensión a nivel de módulo. Bomberos y técnicos de mantenimiento reciben formación específica, y se generaliza el uso de inspecciones preventivas con cámaras termográficas para detectar puntos calientes antes de que se conviertan en un problema. La cultura del mantenimiento gana peso: revisiones periódicas, limpieza controlada, verificación del apriete de conexiones y sustitución preventiva de componentes defectuosos son prácticas que, poco a poco, se van extendiendo.

España avanza rápido en su despliegue solar, y esa velocidad exige que innovación, calidad y seguridad avancen al mismo ritmo. La fotovoltaica seguirá siendo uno de los pilares de la transición energética, pero el brillo de sus beneficios no debe cegarnos ante el hecho de que cada panel, cada cable y cada componente son elementos de una instalación eléctrica que, si fallan, pueden provocar daños graves. Un panel que se quema no solo deja de producir energía limpia: pone en riesgo vidas, infraestructuras y la confianza en todo un sector. En la carrera hacia un futuro más sostenible, mantener los más altos estándares de seguridad es clave para el desarrollo sostenible de la tecnología fotovoltaica.

Javier Colino es director de Prevención Técnica Área Norte de ASPY PREVENCION

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