La prohibición de inversores procedentes de China y otros países de alto riesgo afectará al 14% de la demanda solar de la UE hasta 2030

La reciente decisión de la Comisión Europea de prohibir los inversores fotovoltaicos (PV) y los sistemas de conversión de potencia (PCS) procedentes de China y de otros países que considera de alto riesgo en todos los proyectos de energía limpia financiados por la Unión Europea (UE) podría afectar aproximadamente al 14 % de la demanda prevista de energía solar fotovoltaica en Europa entre 2026 y 2030, lo que supone más de 28 GWdc de demanda de inversores fotovoltaicos, según un nuevo análisis de Wood Mackenzie.

Además, el 12 % de las instalaciones de almacenamiento energético previstas para ese mismo periodo también podrían verse afectadas, siendo el almacenamiento a gran escala el segmento con mayor exposición.

Reducir el dominio chino

La prohibición, que busca reducir el dominio de los fabricantes chinos en el mercado europeo de inversores —donde los proveedores chinos representaron más del 80 % de los envíos de inversores a Europa en 2025— afectará especialmente a los países de Europa Central y del Este, donde la financiación de la UE tiene un mayor peso. Entre los mercados más expuestos se encuentran Rumanía, Bulgaria, Chequia, los Estados bálticos y Grecia.

Un aspecto especialmente relevante es que la Comisión Europea también está solicitando a los Estados miembros que adopten esta restricción para todos los proyectos solares y de almacenamiento energético que reciban financiación de sus propios presupuestos nacionales. Si los Estados miembros cumplen esta recomendación, la capacidad afectada aumentaría significativamente más allá de las estimaciones actuales.

Aunque el sobrecoste de optar por inversores fabricados en Europa es considerable, el análisis de Wood Mackenzie indica que el impacto sobre el coste total de los proyectos sería más moderado, situándose entre el 2 % y el 8 %, dependiendo del segmento de mercado.

“Sin embargo, el coste no es el único factor disruptivo”, afirmó Joe Shangraw, analista de investigación de Wood Mackenzie. “Las complicaciones en las compras, los cambios de diseño y la separación obligatoria de los sistemas integrados de baterías e inversores plantean desafíos adicionales, especialmente en los mercados de Europa del Este, donde la sensibilidad al precio es elevada”.

Los efectos de la prohibición se extenderán fuera de la UE

Los efectos de esta prohibición también se extenderán fuera de las fronteras de la UE. Los proyectos solares a gran escala en el norte de África, Oriente Medio y la región del Caspio estarán sujetos a esta restricción cuando reciban financiación institucional de la UE. Asimismo, las revisiones pendientes de la Ley de Ciberseguridad de la UE podrían ampliar la prohibición a todos los inversores fotovoltaicos y sistemas de conversión de potencia (PCS) para almacenamiento, independientemente del origen de la financiación, lo que ampliaría de forma drástica el alcance de estas restricciones.

“Esta prohibición representa un cambio significativo: alrededor de 4 a 5 GW de demanda al año dejarán de dirigirse a proveedores chinos hasta 2030”, señaló Juan Monge, analista principal de Wood Mackenzie. “Pero es importante ponerlo en contexto: alrededor del 80% de la demanda europea de energía solar y almacenamiento se canaliza a través de financiación privada y programas nacionales, donde el dominio de los inversores chinos seguirá intacto por ahora. Las verdaderas incógnitas son cómo actualizará la Comisión la Ley de Ciberseguridad de la UE para considerar los inversores solares como infraestructura crítica y si los Estados miembros seguirán el ejemplo de la Comisión ampliando estas restricciones a sus propios programas nacionales de financiación. Si lo hacen, la magnitud de la disrupción cambiará considerablemente”.