Ningún comentario Según un análisis de Wood Mackenzie, tras hacerse con el control de la Cámara de Representantes y del Senado en las elecciones legislativas de mitad de mandato, los demócratas podrían situar la reforma de los procedimientos de concesión de permisos entre sus principales prioridades para impulsar el crecimiento de la generación eléctrica y reducir los costes energéticos en Estados Unidos.
Los comicios se han celebrado en un contexto de encarecimiento de la energía, impulsado por el conflicto en Irán, que llegó a elevar los precios máximos del diésel y del combustible para aviación en Estados Unidos hasta situarlos en torno a 2,5 veces por encima de las previsiones anteriores a la guerra. Aunque se espera que los precios se moderen a medida que remita el conflicto, los productos más afectados seguirán registrando en 2027 precios un 30% superiores a los niveles previstos antes de la guerra.
El Congreso dispone de tres herramientas legislativas para abordar el problema de la asequibilidad energética, aunque sus posibilidades de prosperar son muy diferentes:
- Reforma de los permisos: el interés bipartidista la convierte, a juicio de Wood Mackenzie, en la vía con mayores probabilidades de agilizar la autorización de proyectos de gas, redes de transporte eléctrico y energía eólica. También supondría un impulso adicional para la energía nuclear, la captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS) y la producción de hidrocarburos.
- Subvenciones a las energías renovables: los demócratas han planteado varias propuestas para ampliar los incentivos, pero el eventual veto presidencial hace improbable la aprobación de nuevos créditos fiscales.
- Regulación de los costes de las grandes cargas eléctricas: las iniciativas federales para regular el reparto de costes se enfrentan a obstáculos jurídicos y políticos, por lo que serán los estados quienes definan las normas aplicables a los centros de datos.
La mayoría demócrata en el Congreso no garantiza el éxito legislativo en un escenario de presidencia republicana. El presidente Donald Trump conserva su capacidad de veto y las agencias federales pueden reducir el alcance de cualquier legislación que llegue a aprobarse. Sin embargo, la reforma de los permisos cuenta con una vía de avance que no tienen otras prioridades demócratas.
Los resultados electorales de mitad de mandato reflejan un cambio en el clima político estadounidense. El coste de la energía se ha convertido en un factor que condiciona la agenda presidencial y abre un espacio de entendimiento entre ambos partidos en torno a la asequibilidad energética.
El rápido desarrollo de los centros de datos y de las infraestructuras eléctricas elevará un 3% el crecimiento de la demanda eléctrica en Estados Unidos entre 2026 y 2035. Según el escenario central de Wood Mackenzie, esta evolución provocará un incremento del 46% en los precios mayoristas de la electricidad durante ese mismo periodo, lo que situará la asequibilidad entre los principales motores de la reforma de los permisos.
“Aunque consideramos que existe una alta probabilidad de que salga adelante una reforma de los permisos, la forma en que se legisle y aplique la política energética seguirá representando un riesgo para la economía estadounidense”, señaló David Brown, director de Investigación Global de Energía Integrada de Wood Mackenzie. “El arraigo de la polarización política podría alimentar el estancamiento legislativo y la confusión regulatoria”.
La opción con más posibilidades: la reforma de los permisos
Respaldada por figuras clave del Senado y por una coalición integrada por promotores de energías limpias, productores de petróleo y gas, operadores mineros y sindicatos, la Bipartisan American Affordability and Jobs Act (BAAJA) podría acelerar la aprobación de proyectos de infraestructuras.
Entre sus principales medidas figuran:
- Establecer un plazo máximo de dos años para completar los estudios de impacto ambiental exigidos por la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA).
- Impedir que las agencias federales revoquen permisos ya concedidos.
- Limitar a 150 días el plazo para presentar recursos judiciales una vez aprobadas las autorizaciones medioambientales de un proyecto.
- Fijar un plazo de nueve meses para evaluar los permisos de dragado y relleno que afectan a la calidad del agua y que son necesarios para construir nuevos gasoductos.
La reforma de los permisos resulta especialmente relevante para las centrales eléctricas de gas conectadas directamente a la red (front-of-the-meter), que suelen ubicarse lejos de las principales cuencas de producción y necesitan nuevos gasoductos para garantizar el suministro.
Estas infraestructuras serán fundamentales para respaldar las previsiones de Wood Mackenzie, que apuntan a la incorporación de 166 GW de nueva capacidad neta de generación eléctrica con gas natural entre 2026 y 2035.
La reforma también eliminaría obstáculos regulatorios que retrasan la construcción de ramales cortos de gasoductos, las conexiones a las redes existentes y las mejoras de las estaciones compresoras. Todas ellas son actuaciones necesarias para desarrollar instalaciones de generación eléctrica situadas detrás del contador (behind-the-meter, BTM).
Wood Mackenzie estima que la demanda de gas natural de estas instalaciones se aproxima ya a los 6.000 millones de pies cúbicos diarios (bcfd), alrededor del 6% de la demanda interna de gas de Estados Unidos, excluidos el gas natural licuado (GNL) y los suministros por gasoducto.
“Sin una reforma, es probable que vuelvan a aparecer cuellos de botella en las infraestructuras de transporte de gas, lo que frenaría la inversión en producción y elevaría los precios regionales del gas y de la electricidad. El impacto sería especialmente acusado en el noreste del país, donde la demanda eléctrica es muy elevada”, afirmó Siddhant Warrier, analista de investigación del área de electricidad en Norteamérica de Wood Mackenzie.
“Los retrasos prolongados en la construcción de gasoductos también ralentizarían el desarrollo de los centros de datos, una prioridad tanto para demócratas como para republicanos”.
El transporte eléctrico de alta tensión se acelerará, pero sigue pendiente quién asumirá los costes
Con unos costes derivados de la congestión de la red que superan los 10.000 millones de dólares anuales y un ritmo de finalización de proyectos de alta tensión durante la década de 2020 inferior a la mitad del registrado en la década anterior, la necesidad de acelerar la expansión de la red eléctrica es urgente.
La BAAJA aborda la vertiente administrativa de este desafío mediante la exigencia de evaluaciones ambientales conforme a la NEPA en un plazo de un año, la protección frente a la revocación de permisos y la limitación a 150 días del periodo para presentar recursos judiciales tras la aprobación de los proyectos.
El siguiente frente legislativo será el reparto de los costes entre distintas zonas eléctricas: es decir, determinar quién debe pagar por una línea de transporte que atraviesa los territorios de varias compañías eléctricas y beneficia a diferentes estados.
Energía eólica: una nueva ley ayudaría a desbloquear los proyectos pendientes de autorización
La propuesta legislativa Restoring Renewable Energy Parity Act obligaría al Departamento de Defensa a firmar acuerdos de mitigación para los proyectos pendientes de energía eólica, solar y transporte eléctrico. Además, dejaría sin efecto determinadas medidas ejecutivas dirigidas contra las energías renovables.
Sin embargo, el sector eólico afronta riesgos adicionales. El presidente ha dirigido sus críticas y actuaciones específicamente contra esta tecnología, mientras que el Gobierno federal mantiene el control sobre las concesiones para el desarrollo de proyectos eólicos marinos.
“La mejor oportunidad para que el sector eólico consiga una reforma de los permisos pasa por quedar incluido en una ley de alcance nacional que abarque distintas tecnologías y por que el Congreso supervise su aplicación”, explicó Warrier.
Los estados ganan protagonismo ante la incertidumbre de la política federal
Si la política energética federal queda bloqueada por la división de poderes, las políticas energéticas estatales y las normas de mercado adquirirán todavía más importancia.
Los estados cuentan con amplias competencias legales sobre el suministro minorista de electricidad, la regulación de las compañías eléctricas y la ubicación de nuevas instalaciones, lo que les permite mantener un margen de actuación propio frente al bloqueo político federal.
Los resultados de las elecciones a gobernador celebradas en distintos estados ilustran esta dinámica. En Texas, la elección de Gina Hinojosa como gobernadora representa un cambio significativo en la política relacionada con los centros de datos.
El nuevo marco regulatorio podría incrementar los riesgos de ejecución para los promotores, especialmente en aquellos proyectos que requieren plazos más largos para obtener permisos y lograr la aceptación de las comunidades locales. Esto ocurriría si las propuestas de Hinojosa terminan convirtiéndose en ley durante el periodo de sesiones legislativas que comenzará en enero de 2027.
Texas seguirá siendo uno de los principales mercados para la inversión en centros de datos gracias a sus recursos renovables, su infraestructura de gas natural y su autonomía regulatoria respecto a la Comisión Federal Reguladora de la Energía (FERC). No obstante, la nueva gobernadora impulsará restricciones adicionales a la velocidad de despliegue de nueva capacidad eléctrica en el estado.
Cadena de suministro: una orden ejecutiva añade nuevas incertidumbres
Una orden ejecutiva aprobada en agosto, que restringe el suministro de equipos para infraestructuras eléctricas de gran escala procedentes de 24 países, entre ellos China, añade un nuevo factor de complejidad.
Las normas de aplicación, cuya publicación está prevista para finales de diciembre, permitirán conocer mejor el grado de exposición de los centros de datos conectados a la red eléctrica.
Las nuevas restricciones podrían agravar los déficits de suministro que ya afectan a determinados componentes estratégicos: un 18% en el caso de los transformadores de potencia y un 14% en el de los transformadores para subestaciones.
¿Puede un cambio en el clima político resolver los grandes desafíos energéticos de Estados Unidos?
“Aunque vemos potencial y una alta probabilidad de que avance la reforma de los permisos, existe una preocupación más amplia sobre cómo se diseñan, gestionan y aplican las políticas en Estados Unidos”, afirmó Brown.
El directivo advirtió de que las dificultades económicas podrían acentuar las divergencias entre las instituciones, con un Congreso centrado en los problemas de asequibilidad y una rama ejecutiva que persigue objetivos de política exterior capaces de generar confusión e inmovilismo regulatorio. Además, el poder de veto de la Casa Blanca podría frustrar avances legislativos de gran calado.
“Estados Unidos ha vivido momentos en los que el bipartidismo ha sido posible cuando más se necesitaba. Hace veinte años, los demócratas se hicieron con el control del Congreso en medio de una guerra impopular liderada por Estados Unidos en Oriente Próximo, lo que desembocó en un profundo bloqueo político”, recordó Brown.
“Sin embargo, la Ley de Independencia y Seguridad Energética de 2007 (Energy Independence and Security Act) permitió elevar los estándares de eficiencia de combustible de la flota de vehículos (CAFE), establecer requisitos de eficiencia para la iluminación y los electrodomésticos y ampliar el uso de combustibles renovables, todo ello con apoyo bipartidista. Ahora se necesita un esfuerzo similar para desarrollar energía asequible dentro de Estados Unidos y permitir que el país mantenga su liderazgo mundial en inteligencia artificial”, concluyó.
Deja tu comentario
Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Todos los campos son obligatorios