Ningún comentario En los terrenos federales, los cambios en los procesos de concesión de permisos y la retirada de financiación federal contribuyeron directamente a la cancelación o paralización de 7 GW de proyectos en 2025. Además, el aumento de la supervisión federal podría afectar a 12 GW adicionales en terrenos federales y 80 GW en terrenos privados, poniendo en riesgo más de 121.000 millones de dólares en inversiones, según un nuevo análisis de Wood Mackenzie.
Según el informe "Fricción federal: riesgo regulatorio en la cartera de proyectos renovables a gran escala en EEUU", un memorando del Departamento del Interior (DOI) emitido el 15 de julio de 2025 centralizó la revisión federal de prácticamente todos los proyectos eólicos y solares. Esta medida introdujo un proceso de aprobación de múltiples etapas que prolonga los plazos de obtención de permisos y aumenta el nivel de revisión para cualquier proyecto que implique a una agencia federal.
"El riesgo regulatorio varía según la tecnología, aunque los permisos relacionados con zonas húmedas siguen siendo la principal limitación para los proyectos solares, eólicos y de almacenamiento energético. Los humedales representan la mayor parte de la exposición en terrenos privados, con un riesgo especialmente concentrado en Oregón, Alabama, Maine, Minnesota y Montana. Sin embargo, los proyectos eólicos están más condicionados por los permisos relacionados con el espacio aéreo."
"Desde 2025, decenas de gigavatios de capacidad en fases iniciales han sido cancelados o han quedado paralizados en los sectores solar, eólico y de almacenamiento energético. No obstante, es importante señalar que no todas las cancelaciones se deben a problemas con los permisos. Algunas también responden a limitaciones en la cadena de suministro y al endurecimiento de las condiciones de financiación", afirmó Kaitlin Fung, analista sénior de investigación de Wood Mackenzie.
La energía solar, la tecnología con mayor exposición
El análisis indica que la energía solar es la tecnología con mayor exposición en términos absolutos, ya que el 30% de su cartera de proyectos podría verse sometida a revisiones adicionales. Sin embargo, la energía eólica presenta la mayor exposición proporcional, con un 62% de su cartera afectada (sin incluir la suspensión vigente de la FAA, Administración Federal de Aviación). El almacenamiento de energía también se ve significativamente afectado, ya que más de una cuarta parte de la capacidad prevista está sujeta a un mayor escrutinio regulatorio.
Tras la implantación de las nuevas normas del DOI, el 32% de la cartera de proyectos en fase inicial ha pasado a estar sujeto a revisiones federales adicionales. Estos proyectos incluyen aquellos que han sido anunciados, están en desarrollo o ya cuentan con permisos.
Los proyectos previstos para entrar en operación en 2029 representan el mayor volumen de capacidad expuesto a revisiones adicionales en terrenos federales, lo que podría poner en peligro su acceso a incentivos fiscales. La mayor exposición se concentra en Texas, seguido de California y Arizona, donde el aumento de la supervisión federal podría retrasar la entrada en operación comercial más allá de los plazos previstos.
La evolución de las políticas ofrece cierto alivio
El panorama regulatorio sigue evolucionando y Wood Mackenzie está siguiendo de cerca dos desarrollos que podrían modificar significativamente las perspectivas.
En abril de 2026, un tribunal federal emitió una medida cautelar que bloqueó las actuaciones de las agencias que imponían nuevas restricciones y ampliaban los requisitos de revisión para proyectos eólicos y solares, al considerar que probablemente vulneraban la Ley de Procedimiento Administrativo (Administrative Procedure Act). Aunque esta decisión no resuelve los problemas estructurales relacionados con la concesión de permisos, sí limita nuevas interrupciones y pone de manifiesto la necesidad de procesos federales más coordinados y predecibles.
Por otro lado, la Ley SPEED (Simplifying Permitting and Ending Endless Delays), aprobada por la Cámara de Representantes en diciembre de 2025 y actualmente pendiente de aprobación por el Senado y el Ejecutivo, propone reducir el alcance de las evaluaciones ambientales, eliminar duplicidades entre agencias e imponer plazos más estrictos para las decisiones sobre permisos. Si finalmente se aprueba, la Ley SPEED podría acortar de forma significativa los tiempos de tramitación de proyectos de infraestructuras, incluidos los de energías renovables.
"Los permisos siguen siendo uno de los principales obstáculos para el desarrollo de nuevos proyectos y, sin procesos más coordinados y previsibles, los retrasos y la incertidumbre seguirán afectando tanto a los calendarios de desarrollo como a las decisiones de inversión", señaló Gaby Ackermann Logan, investigadora asociada de Wood Mackenzie.
"En el caso del almacenamiento energético, cuyo desarrollo suele estar vinculado a proyectos solares, la incertidumbre regulatoria tiene un efecto multiplicador. El entorno normativo está cambiando rápidamente y los desarrolladores capaces de anticipar los puntos de fricción estarán mejor posicionados para proteger sus calendarios y mantener la viabilidad financiera de sus proyectos."
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