La polémica renovación del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sorteará su último escollo la primera quincena de marzo, si hasta entonces no se produce un veto por parte del Congreso hacia los nuevos consejeros, que automáticamente propiciaría que los nombramientos prosperasen.
El reglamento exige que la Comisión de Transición Ecológica -encargada de los asuntos de seguridad nuclear- avale o rechace por mayoría de tres quintos la propuesta del Gobierno y en caso de que ésta no salga -como así ha sido- se habilitará un periodo de 30 días (desde el inicio del proceso) por si se pudiera configurar una mayoría de voto vetando a los candidatos.
Transcurrido ese tiempo, y sin constancia de ningún impedimento, el Gobierno podría plantear el nombramiento de los consejeros a partir del 15-17 de marzo mediante su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La polémica sobre el nombramiento de los nuevos consejeros afloró meses atrás cuando el Gobierno de Pedro Sánchez propuso nombrar a dos candidatos del PSOE, uno del PP y otro de Podemos, que se unirían al que ya estaba (la renovación sólo afecta a cuatro consejeros de cinco), Javier Dies, también del PP.
Los populares rechazaron proponer candidato mientras Podemos no retirase el suyo, pero esta propuesta fue denegada por el Ejecutivo, que siguió apoyando al aspirante de la formación morada.
De tal manera que la propuesta final, presentada en Consejo de Ministros el 15 de febrero coincidiendo con el anuncio de elecciones generales, fue la siguiente: Elvira Romera y María Pilar Lucio (PSOE), Francisco Castejón (Podemos) y Josep María Serena i Sender (PDeCAT).
Para algunas formaciones políticas, esta propuesta del Ejecutivo vulneraba la normativa de los nombramientos, en concreto los plazos, y así PP y Ciudadanos reprocharon al Gobierno su intención de "apropiarse de las instituciones".
Los letrados de la Cámara Baja, a los que se pidió un dictamen sobre la legalidad del proceso de nombramiento de los nuevos cargos, consideraron que el Gobierno estaba "dentro de sus facultades", a pesar del anuncio del adelanto electoral.
Sin embargo, y pese a este informe, el PP ha anunciado el estudio de un recurso de amparo al Tribunal Constitucional si el nombramiento de los consejeros del organismo regulador finaliza con las Cortes ya disueltas.
Pero el culebrón no termina aquí. A comienzos de esta semana, el presidente en funciones del Consejo de Seguridad Nuclear, Fernando Martí, cursó una carta a la presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor, para frenar la renovación del organismo regulador.
Dicha carta hacía hincapié en el perfil de Francisco Castejón -doctor en Física y declarado antinuclear- y argumentaba que sus declaraciones en prensa como portavoz de Ecologistas en Acción demostraban sus "posiciones críticas, de denuncia y en muchos casos de descalificación de las actuaciones del CSN".
En declaraciones a los medios de comunicación, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, respondió a esta misiva de Fernando Martí calificándola de "metedura de pata importante".
A su juicio, lo principal es que los candidatos, y dentro de los requisitos que marca la ley, deben ser "solventes, autónomos e independientes", no actuar en favor de intereses privados o empresariales y ser capaces de explicar las decisiones a las que se van tener que someter como miembros del Pleno del Consejo.
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