El mercado eléctrico europeo del futuro va a cambiar. La Directiva que lo diseña deberá concretarse a lo largo de 2018 en los trílogos entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento europeos. Por el momento, los ministros de Energía de los Veintiocho han presentado su propuesta conjunta, aunque finalmente podría ser modificada parcialmente en las negociaciones posteriores.
Y mientras tanto, ya ha quedado clara la posición de los diferentes gobiernos que quieren que los proveedores de electricidad puedan regular en el futuro los precios libremente:
_Art. 9 Solo un mercado plenamente abierto que permita a todos los ciudadanos de la Unión elegir libremente a sus suministradores y a todos los suministradores abastecer libremente a sus clientes es compatible con las libertades (entre otras, la libre circulación de mercancías, la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios) que el Tratado garantiza a los ciudadanos de la Unión._Art. 15 [...]las obligaciones de servicio público en forma de regulación de precios de suministro constituyen básicamente una medida de falseamiento que a menudo conduce a la acumulación de déficits tarifarios[...]
Con esta medida pretenden que aumente la competencia en el sector y así reducir los precios de la factura de la luz para los hogares. Pero ¿significa esto que se eliminará la tarifa regulada para el sector residencial llamada en España PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor)?
Según fuentes del Ministerio, la de España no solo no se eliminará sino que será un modelo a seguir: "En materia de precios regulados para consumidores eléctricos, se reconoce la posibilidad de los Estados miembros de contar con sistemas como el español, de precios voluntarios para el pequeño consumidor, que es dinámico y fluctúa de acuerdo con el precio del mercado", han dicho.
"A las grandes compañías eléctricas de toda Europa no les gusta que los Estados marquen las tarifas reguladas, así que para ellas ha sido una buena noticia que los gobiernos de los Veintiocho hayan votado por esta opción", explica Francisco Valverde, analista y experto en el mercado eléctrico, "pero esta parte no afecta a España, que aunque tiene precios regulados, no es como ocurre en otros países, donde se fija el precio del kWh a lo largo de un año, o de seis meses para las facturas de la electricidad de los hogares".
El PVPC incluye todos los precios regulados por el Gobierno, y el margen de beneficio de la comercializadora también depende de su decisión, pero la vivienda acogida a la tarifa regulada paga el kWh al mismo precio que se ha comprado en el mercado mayorista ('pool'), que además será cada hora si ya tiene un contador inteligente instalado, explica el experto. "En otros países, el Gobierno es el que fija los márgenes que pueden cobrar las compañías a los hogares en su factura de la luz, así que solo es España quien tiene el mismo sistema que se quiere implantar en el futuro mercado eléctrico europeo", añade Valverde.
Por ejemplo, en el caso de nuestros países vecinos, Francia, Bélgica y Portugal establecen tarifas reguladas anualmente e Italia trimestralmente, como ocurría en nuestro país hasta 2013. En los tres países el precio se fija administrativamente, aunque únicamente en Portugal se dispone de una metodología explícita, según el informe "El Sistema Eléctrico Español (IV)".
En Francia, las tarifas reguladas se llaman Blue Tarifs y las tendencias ascendentes o descendentes de los precios generalmente ocurren durante el año en fechas variables y no en una fecha fija. Solo EDF, a nivel nacional, y las empresas de distribución local (ELD) como Electricité de Strasbourg (ES) o Gaz Electricité de Grenoble (GAG) tienen derecho a comercializar ofertas a estas tasas. El resto de proveedores pueden comercializar ofertas de mercado indexadas en la tarifa regulada, a un precio más barato (7% menos en precio, incluido el IVA), por lo que las tarifas reguladas de EDF son en su mayoría más caras que las de sus competidores.
No obstante, los Veintiocho se reservarán la capacidad para regular temporalmente los precios para asistir y proteger a los hogares pobres o vulnerables, lo que podría dar lugar a lo que se ha denominado tarifa social.
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