La transición energética se financiará en un 20% a través de los PGE y con más de 100.000 millones de inversión privada

Al menos un 20% de los Presupuestos Generales del Estado deberán tener impacto positivo en la lucha contra el cambio climático. Este objetivo se revisará al alza antes de 2025, según ha anunciado el Gobierno durante la presentación de las ideas principales que se incluyen en el borrador de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

Además, se prevé que haya más de 100.000 millones de euros procedentes de la inversión privada para el periodo 2020-2030 y de la recaudación del comercio de derechos de emisión de CO2. El gobierno quiere que además de la administración estatal, impulsen la transición energética el sector privado y las administraciones autonómicas. Quieren reconducir las partidas integradas en los PGE y que incidan de manera positiva para la lucha contra el cambio climático, como ya han hecho otros países de nuestro entorno, según fuentes gubernamentales.

Los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión se emplearán para el cumplimiento de los objetivos establecidos en esta ley.

Cada año se concretará el destino de dichos ingresos, de los que un porcentaje se podría destinar a transición justa. En definitiva, el gobierno adoptará una Estrategia de financiación climática internacional.

Empresas cotizadas y sector financiero

El gobierno obligará a todas las empresas cotizadas y a las entidades financieras la presentación de un informe de riesgo climático sometidos al régimen de supervisión del Banco de España, quien a su vez elaborará, cada dos años, un informe sobre la evaluación del riesgo para el sistema financiero español derivado del cambio climático y de las políticas para combatirlo. Ese informe será remitido al Congreso de los Diputados.

Según el Gobierno, este informe de riesgo climático para las empresas cotizadas ya ha sido adoptado en Francia con su famoso artículo 173 y permite que las entidades tomen conciencia de su responsabilidad ante el cambio climático y de qué manera pueden redirigir sus flujos financieros hacia actividades que fomenten la descarbonización.

Porque, en su opinión, trabajar en materia de clima no es solo una cuestión ambiental, es esencialmente una cuestión económica, social, industrial. Iniciativas como esta forman ya parte de la realidad económica y financiera de países como Reino Unido, Francia, Noruega y Alemania. Permiten aprender a identificar y a anticipar situaciones arriesgadas para la economía española y sus empresas y afectan de forma directa al coste de financiación.