Llegó el 25 de enero de 2023 y el mundo sigue, pero un poco peor. Y es que lo sucedido en el sector renovable siembra muchas dudas. Dice el refranero español que más vale tarde que nunca, pero también dice que las cosas bien hechas, bien parecen.

Y es que la aprobación masiva de declaraciones de impacto ambiental de centenares de proyectos renovables en los últimos dos o tres meses sonroja a más de uno. Llevan cinco años, probablemente en muchos casos algo menos para aprobarse las DIA y lo dejan todo para el último día.

Y no se libra nadie, ni un partido político. Todos los gobiernos, desde el central hasta las 17 CCAA han hecho mal los deberes. ¿Por qué se ha hecho así? ¿Por qué se han dejado proyectos sin evaluar? ¿Se han realizado bien las evaluaciones, con garantías? ¿Si se pueden aprobar en cuestión de días o semanas por qué no se ha hecho antes?

Son muchas las dudas que arroja lo sucedido estas semanas atrás en la Administración respecto a los proyectos de renovables. Se nos llena la boca de querer hacer las cosas bien y peor no se ha podido hacer. Generando mucha incertidumbre, pero también alguna que otra certeza.

Mal hecho

Una de ellas es que el sector energético, en general, y el renovable, en particular, no está en buenas manos. La Administración que tiene que velar por el buen desarrollo no lo hace. Y eso es preocupante si realmente lo que se pretende hacer es reducir la dependencia energética de otros países y acelerar la tramitación.

Lo sucedido es el peor de los ejemplos. Nadie puede estar orgulloso de lo sucedido. Y no se entiende absolutamente nada porque no es otra cosa que dejadez de funciones por parte de las administraciones. Y hay que alzar la voz para que lo sepan.

Es una vergüenza. Imagínense lo que pensarán en un fondo de inversión o una empresa extranjera que quiere invertir en España y ve lo que ha sucedido. O peor, ve cómo una administración le hace perder dinero por haber puesto las garantías y en la CCAA de turno no han hecho los deberes. Lo de guardar los expedientes es un asunto que lo saben hacer muy bien.

¿Faltan medios? Pues contraten gente. Y si no, se puede contratar a una empresa para que realice las evaluaciones ambientales. Pero esto de dejarlo todo para el último momento, deprisa y corriendo, no se entiende.

Falta de transparencia

¿No habíamos quedado en que una DIA bien hecha tarda un año y medio o dos? ¿Ahora se realizan en semanas? Algo falla en todo esto. Y es grave la falta de transparencia.

Si se quiere llegar a buen puerto en la transición energética es necesaria una verdadera apuesta por parte de la administración. Que se contrate a más gente en las consejerías y en el Ministerio. Doten de mayores presupuestos. No es difícil. Menos chiringuitos y asesores absurdos y más medios para lo realmente necesario.

Los datos dan que pensar. El Gobierno aproximadamente ha aprobado un centenar de proyectos en el último trimestre (Noviembre-Enero), y en el conjunto de CCAA más del doble. Estaban en juego 80.000 MW que habían puesto sus garantías.

Aproximadamente se ha debido evaluar a la mitad, que serían unos 40.000 MW, cerca de 15.000 MW el Gobierno y el resto las CCAA.

Pero y ¿qué pasa con el resto? Y, ¿a partir de ahora qué? ¿Por qué el Gobierno mantiene bloqueados/secuestrados los puntos de acceso? ¿Para cuándo los concursos para licitar por ellos?

El sector renovable español no necesita incertidumbres y preguntas. Necesita respuestas y desde luego con lo sucedido estos meses atrás no es el camino.

Un análisis-opinión de Ramón Roca, director de El Periódico de la Energía.