Las comercializadoras proponen una reforma de los costes del sistema eléctrico tras el apagón

La Asociación de Comercializadoras de Energía Eléctrica (ACENEL) ha presentado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) una propuesta orientada a mejorar la previsibilidad y equidad en la asignación de ciertos costes del sistema eléctrico, especialmente aquellos derivados de los servicios de ajuste como las restricciones técnicas.

Esta iniciativa responde a la creciente preocupación del sector ante el aumento de dichos costes, cuya variabilidad dificulta la gestión de riesgos por parte de las comercializadoras y puede acabar repercutiendo en los consumidores. La propuesta plantea que estos costes sean establecidos ex ante, mediante tarifas reguladas, de forma análoga a los actuales peajes, cargos o pagos por capacidad.

ACENEL considera que la forma actual de repercutir estos costes exclusivamente a la demanda introduce incertidumbre y puede generar efectos regresivos. Además, esta carga recae de igual forma sobre consumidores en baja y alta tensión, afectando de manera desproporcionada a grandes consumidores industriales, lo que podría obstaculizar los esfuerzos de reindustrialización en España.

Asimismo, se señala que un aumento localizado de la demanda en ciertos nodos o niveles de tensión podría incluso contribuir a reducir estos costes, al aliviar restricciones y favorecer un mejor control de tensión. Por el contrario, la expansión acelerada de generación renovable –aunque positiva en términos ambientales– está provocando un incremento de estos servicios de ajuste, cuyo coste no está cubierto por mecanismos de mercado ni distribuido de manera transparente.

Análisis del apagón

En paralelo a esta propuesta regulatoria, y en el marco de su compromiso con la protección de los intereses tanto de los consumidores como de las comercializadoras, ACENEL ha encargado a un despacho jurídico especializado un análisis integral de los efectos del apagón del 28 de abril, así como del marco jurídico aplicable. Entre las áreas de estudio destacan:

1. Un estudio sobre el régimen jurídico aplicable al conjunto de los Operadores y Participantes del Mercado y las eventuales responsabilidades que podrían establecerse a medida que vayan conociéndose las causas del apagón.

2. Una valoración detallada del tratamiento de los desvíos y restricciones técnicas durante las jornadas afectadas, conforme al Procedimiento Operativo 3.9.

3. Un análisis del marco de defensa ante eventuales reclamaciones de consumidores o aseguradoras, no siendo en ningún caso las comercializadoras responsables de la garantía y calidad del suministro.

4. Una revisión de las normas sectoriales aplicables en escenarios de fuerza mayor.

5. Una evaluación del impacto que eventos extraordinarios pueden tener en la ejecución de contratos vigentes.

Un sistema más justo

Por último, las comercializadoras reiteran su voluntad de seguir colaborando con las autoridades regulatorias y el resto de agentes del sistema para avanzar hacia un modelo energético más eficiente, predecible y justo, que proteja al consumidor final y garantice condiciones adecuadas para el desarrollo de la actividad de comercialización en un entorno competitivo.