Las eléctricas temen que industrias con el acceso a red concedido lo pierdan y piden a Red Eléctrica alcanzar un acuerdo para conectarse

Las principales compañías eléctricas han trasladado su preocupación por el riesgo de que industrias que ya cuentan con derechos de acceso y conexión a la red eléctrica puedan ver cuestionada esa capacidad, debido a los nuevos criterios técnicos aplicados al cálculo de la capacidad disponible. El sector reclama a Red Eléctrica de España (REE) un acuerdo urgente con las distribuidoras que permita garantizar la conexión efectiva de esos proyectos y evite un bloqueo casi total para nuevas iniciativas industriales, según explican fuentes del sector eléctrico.

El origen del problema se sitúa en la aplicación de las nuevas especificaciones de detalle para el cálculo de la capacidad tanto en la red de distribución como en la red de transporte, una normativa impulsada y armonizada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Estas reglas introducen criterios más estrictos y conservadores que los utilizados hasta ahora, con el objetivo de asegurar el suministro durante un porcentaje mayor del tiempo, incluso en escenarios de mantenimiento o indisponibilidad de instalaciones.

El resultado es que, en muchos nudos de la red de transporte, la capacidad que REE considera disponible es inferior a la que las distribuidoras ya tienen comprometida con clientes que han solicitado acceso, han depositado avales y han iniciado inversiones para construir fábricas, centros de datos u otras instalaciones industriales.

Contraste

El proceso de contraste de cálculos entre REE y las distribuidoras se inició en diciembre, cuando el operador del sistema remitió sus estimaciones de capacidad por nudo. Desde entonces, se ha abierto una negociación técnica compleja, condicionada por el carácter mallado de la red eléctrica, que permite cierto margen de flexibilidad en el reparto de capacidad entre nudos interconectados. Sin embargo, en un número significativo de casos no existe acuerdo. En algunas distribuidoras, más del 40% de los nudos presentan discrepancias, y en otras la falta de consenso supera la mitad, de acuerdo con datos manejados por el propio sector.

Las eléctricas subrayan que el cálculo no es puramente matemático ni estático. REE aplica, además de los criterios tradicionales, un análisis dinámico del comportamiento de la red y un tercer criterio vinculado a la potencia de cortocircuito, quedándose siempre con el valor más restrictivo. La introducción del criterio dinámico, que antes no se utilizaba de forma generalizada, ha reducido de forma notable la capacidad disponible en muchos puntos. Este análisis depende también del tipo de consumo conectado, ya que determinados equipos electrónicos son más sensibles a perturbaciones de tensión, lo que añade incertidumbre en ausencia de una normativa europea plenamente desarrollada y traspuesta que defina con claridad las obligaciones técnicas de estos clientes.

Desde el punto de vista jurídico, las compañías insisten en que los derechos de acceso ya concedidos deben respetarse. Se trata de autorizaciones firmes, respaldadas por compromisos económicos y administrativos, que no pueden revocarse sin consecuencias legales. No obstante, advierten de que la aplicación estricta de los nuevos criterios puede llevar a una situación de “overbooking” técnico, en la que la red, según los nuevos cálculos, no podría alimentar simultáneamente a todos los clientes con derechos reconocidos. El sector recuerda que situaciones similares ya se produjeron en el pasado con la generación eléctrica tras el cambio de criterios, y que entonces se optó por respetar los derechos adquiridos.

Efecto a medio y largo plazo

Más allá del impacto sobre proyectos ya en marcha, la mayor inquietud se centra en el efecto a medio y largo plazo. Las eléctricas alertan de que, una vez garantizada la conexión de los clientes actuales, la red quedará prácticamente cerrada para cualquier nueva solicitud durante años. Esto supondría un freno significativo al desarrollo industrial, urbano y residencial, en un contexto en el que España necesita atraer inversiones y ampliar su parque de viviendas. Según las estimaciones del sector, los clientes con acceso concedido tardan habitualmente entre tres y cinco años en conectarse de forma efectiva, lo que ofrece cierto margen para reforzar la red, pero ese tiempo no evita el bloqueo inmediato para nuevos proyectos.

El debate coincide con el proceso de planificación de la red eléctrica, cuya próxima revisión debería aprobarse a lo largo de este año. Las distribuidoras consideran, sin embargo, que esa planificación llega tarde y que la ejecución real de las infraestructuras se retrasa sistemáticamente, acumulando proyectos pendientes de planes anteriores. En este sentido, cuestionan el ritmo inversor de REE en la última década, que, según datos del propio operador, se ha situado de forma recurrente por debajo del límite regulatorio anual, lo que ha contribuido a la saturación actual de la red en zonas clave.

Soluciones más ágiles y de urgencia

Las compañías reclaman, por tanto, soluciones más ágiles y de urgencia, tanto en la ampliación de infraestructuras como en la flexibilización transitoria de la aplicación de la normativa, para evitar un parón prolongado. También piden mayor transparencia sobre los clientes considerados por REE en sus cálculos, especialmente en lo relativo a grandes consumidores potenciales conectados directamente a la red de transporte, como los proyectos de hidrógeno o electrolizadores, cuya madurez real es desigual.

Mientras continúan las conversaciones técnicas y las alegaciones ante la CNMC por la petición de aplazamiento en la publicación de los mapas de capacidad, el sector confía en que se alcance un acuerdo que permita encajar los derechos ya concedidos. No obstante, advierte de que, si no se actúa con rapidez, el problema de fondo seguirá siendo la insuficiencia estructural de la red eléctrica española y su incapacidad para absorber nueva demanda en un horizonte clave para la reindustrialización del país.