Las represalias de la UE contra Rusia apuntan a la energía

Las posibles sanciones a Moscú pueden suponer un paso más en la guerra comercial entre los Veintiocho y Rusia. La UE llegó el pasado viernes a un acuerdo político que supone una extensión de las sanciones vigentes desde finales de julio y que restringiría aún más el acceso al crédito para la banca y las empresas rusas. Además, Bruselas pretende estrechar el cerco sobre la compraventa de toda clase de material militar y avanza en la restricción a la exportación de tecnología para la extracción de petróleo.

Pero el gran objetivo ahora son las empresas energéticas. Esta nueva ronda de sanciones amenaza con debilitar la debilitada economía rusa —a un paso de la recesión— y pone en el punto de mira, por primera vez, a dos de las empresas más valiosas en manos del Kremlin: las petroleras Gazprom y Rosneft, además de Transneft, la empresa estatal que es a su vez propietaria de los oleoductos. Ni Gazprom ni Rosneft —la primera y la séptima compañías por capitalización en la Bolsa rusa, respectivamente— podrían acceder a la financiación europea si finalmente se aprueba la nueva oleada de sanciones. A pesar de que la estabilidad interna rusa permanece estable —al menos por el momento—, las cicatrices ya se dejan sentir en la economía del país euroasiático: fuentes comunitarias estiman el impacto del castigo impuesto hasta ahora es del 1,5% y el 4,8% del PIB ruso para los años 2014 y 2015. Si las nuevas medidas ven la luz, el impacto será aún mayor.

La Unión persigue ahogar las vías de financiación de la banca y las empresas bajo control del Estado. Los Veintiocho rebajan de 90 a 30 días la compra o venta de deuda, acciones o instrumentos financieros similares. El veto, efectivo en cualquier mercado primario o secundario del mundo —esto es, tanto la emisión de deuda como la negociación—, afectará por primera vez a los buques insignia del sector petrolero ruso: Rosneft y Gazprom. Se salva de las sanciones Lukoil, mayoritariamente en manos privadas.

Adfemás, Bruselas prohíbe a empresas y técnicos europeos la prestación de servicios en proyectos de exploración y explotación de petróleo y gas en aguas profundas, localizados en el Ártico o no convencional (producido a través de esquistos bituminosos, el denominado shale oil).