El borrador de la Orden de peajes eléctricos de 2019 tiene previsto anular o suprimir el servicio de disponibilidad. En total, 170 millones de euros que dejarán de pagar los consumidores a las centrales eléctricas por estar disponibles en caso de necesidad para el sistema. Se trata de un incentivo que percibían en su mayoría los ciclos combinados, pero que también cobraban otras planas hidroeléctricas incluso de carbón.
Esta medida, de llevarse a cabo, producirá un destrozo en las cuentas financieras de la mayoría de las centrales de ciclo combinado. Así, lo ha expuesto este miércoles ante la prensa la Asociación de Productores Independientes de Energía Eléctrica (APRIE), que agrupa a empresas como Engie, Alpiq o Shell, que en total poseen 4.000 MW de ciclos combinados en España.
APRIE ha pedido al Ministerio para la Transición Ecológica que rectifique la decisión de suprimir el servicio de disponibilidad, recogida en la propuesta de orden de peajes eléctricos para el año 2019, ya que "abocaría a los ciclos combinados a dar un salto al vacío".
El presidente de APRIE, Alfonso Pascual, mostró "la sorpresa y el malestar" de la asociación por la medida planteada en la propuesta de orden y subrayó que con ese escenario "está sobre la mesa" la solicitud de los cierres de los ciclos ante la falta de viabilidad económica de las plantas.
"Si se quiere que el gas natural sea esa energía que va a ayudar en la transición, el suprimir este servicio de disponibilidad es abocar a que los ciclos combinados den un salto al vacío", dijo.
Aunque, Pascual no tira la toalla y confía en que el Gobierno rectifique y eche para atrás esta medida. En total, de los 170 millones, a este grupo de empresas les corresponde unos 20 millones anuales. Ya en este 2018, a partir de junio dejaron de percibirlos y por tanto solo han obtenido 10 millones por este concepto.
La asociación subraya que ese importe por el servicio de disponibilidad no alcanza para cubrir todo el 'opex', pero sí que representa "un mínimo balón de oxigeno" para resistir de cara al futuro ante unas perspectivas de salida del carbón y desarrollo de renovables, que deberían a partir de 2022 hacer que los ciclos combinados de gas "tuvieran una mínima rentabilidad razonable".
De esta manera, la asociación está trabajando a toda prisa en las alegaciones que presentará al Ministerio, con el objetivo de que su petición sea escuchada y reinstaure esa "continuidad regulatoria" que supone un "balón de oxigeno" de cara a un futuro que considera "brillante" para los ciclos combinados dentro de la transición energética como tecnología de respaldo a las renovables.
Según datos de APRIE, las plantas no están amortizadas. Tuvieron que realizar unos 2.000 millones de inversión para levantar los 4 GW de ciclos combinados. Desde su inicio el factor de carga ha sido muy bajo a excepción de algunos años, sobre todo 2010. Pero a día de hoy, el factor de carga de los ciclos es muy baja, del entorno del 2,5% en el programa diario del pool. "Ninguno va a amortizar los ciclos", señalan desde la asociación.
Además, APRIE ha señalado que con un escenario de cierre de carbón, el sistema eléctrico y el operador del sistema no podrán dar el visto bueno a los cierres, por lo que las empresas se verán abocadas a mantenerse abiertas en pérdidas con lo que ello conllevaría para las compañías.
Asimismo han recordado las empresas afectadas que a partir de 2020 más de la mitad de las plantas de ciclo combinado dejarán de percibir los incentivos a la inversión, y que en 2022 el porcentaje se irá por encima del 80%, por tanto la mayoría de las plantas, si el servicio de disponibilidad, se verán abocadas al cierre.
No obstante, tampoco descartan, en el caso de no producirse una marcha atrás en esta supresión del servicio de disponibilidad por el Gobierno, que sus asociados recurran la orden ministerial.
"Nos reservamos todas las alternativas. Cada inversor tendrá que ver con sus accionistas y departamentos legales si se recurre la orden. La vía del recurso no es lo mejor, pero se abordará si no queda otra alternativa", dijo Pascual, quien subrayó que las empresas están en la obligación de "defender a sus accionistas y las comarcas donde están sus activos".
Esta medida a quién más afecta es a las grandes empresas eléctricas, Naturgy, Iberdrola y Endesa que son las que poseen la mayoría de los ciclos combinados.
De nuevo, un nuevo lío de las eléctricas con el Gobierno, ahora por los ciclos combinados.
Miguel
12/12/2018