Lío a la vista en el sector renovable: algunas CCAA no permiten a los desarrolladores cumplir los hitos exigidos y les harían perder muchos millones de las garantías

Se avecina un nuevo lío en el sector renovable español. Y esta vez el culpable es el continuo retraso en la tramitación por parte de algunas comunidades autónomas. Según ha podido saber_ El Periódico de la Energía_, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha dado un tirón de orejas a la Junta de Castilla y León por sus continuos retrasos en la tramitación de algunos parques solares.

Concreetamente, la CNMC ha emitido un informe sobre la barrera a la actividad económica que supone la inactividad de los Servicios Territoriales de Industria, Comercio y Economía de la Junta de Castilla y León para tramitar varios procedimientos de autorización de cuatro instalaciones de energía solar fotovoltaica; situadas en Villaumbrales, Guardo-Mantinos, Aguilar de Campoo (Palencia) y en Manzanal de los Infantes (Zamora).

Según el reclamante, la inactividad y retraso denunciados podrían imposibilitar o dificultar gravemente el cumplimiento de algunos hitos contemplados en el Real Decreto-ley 23/2020.

Es decir, que perdería parte de las garantías depositadas para el desarrollo de los nuevos parques de renovables.

Esta situación también se está viviendo en otras regiones españolas como es el caso de Cataluña donde muchos proyectos se quedan estancados y dificultan el desarrollo de los mismos al no poder cumplir los hitos exigidos en el Real Decreto de Acceso y Conexión.

Sin embargo hay otras regiones donde sí se aceleran los proyectos como son Castilla La Mancha, Extremadura o Aragón entre otras.

Por ello, la CNMC afirma que la autoridad competente debería impulsar la tramitación de los procedimientos de autorización para que el interesado pueda cumplir con los objetivos establecidos. "Si el proyecto cumple con los requisitos exigibles, se deberían resolver las solicitudes para favorecer el inicio de la actividad. En caso contrario, se debería señalar la razón de interés general que se pretende salvaguardar, así como la forma de subsanar el incumplimiento", explica en el informe.

La pérdida de las garantías por parte de los desarrollladores por la dejación de funciones de una administración es una nueva en el camino para las empresas que quieren instalar renovables en España.

Además, podría hacer aumentar la litigiosidad contra estas administraciones y que al final tengan que ser ellas las que acaben devolviendo el dinero a los desarrolladores.