Una veintena de pequeños productores de energía solar españoles acudieron hoy a Bruselas a pedir a las autoridades comunitarias que exijan al Gobierno español revertir el veto a las renovables y legislar para que los Estados no puedan tomar decisiones con carácter retroactivo que dejen "desamparados" a sus ciudadanos.
Estos particulares, que viajaron a Bruselas invitados por el eurodiputado de la coalición Primavera Europea, Jordi Sebastiá, representan la voz de los 62.000 familias afectadas por el Real Decreto (RD) 1/2012 que suspendió las primas a las renovables comprometidas por el Ejecutivo en 2007 (RD661) durante un plazo de 25 años.
"La mitad de esas familias que invirtieron en huertos o parques solares, ante las garantías que creían que les había dado el Gobierno, no llegan a fin de mes, y muchas tienen sus casas en peligro por no poder atender los préstamos pedidos para hacer esas inversiones", explicó Juan Castro-Gil, secretario nacional de Anpier, la asociación nacional de productores fotovoltaicos.
Robados por el Gobierno
"Estas familias se sienten robadas por el Gobierno de España", agregó Luis Caldelluc, portavoz de Anpier en la Comunidad Valenciana. Uno de esos afectados es el valenciano Eduardo Pla: en 2007 pidió un préstamo junto a sus padres para montar un huerto solar animado por las primas recién aprobadas por el Gobierno socialista.
Hoy es uno de los afectados por el recorte retroactivo a las primas: recibe un 40% menos de la retribución que le prometían por Ley, y tanto él como sus padres, de 72 y 76 años, afrontan serias dificultades para pagar su deuda cada mes.
Con dificultades económicas debidas al veto está también el Ayuntamiento de Otos, un pequeño municipio valenciano de 500 habitantes que en 2008 invirtió 270.000 euros en placas fotovoltaicas que techaron un pabellón municipal.
De acuerdo a la legislación, la instalación municipal les reportaría entre un 8% y un 10% de los ingresos municipales durante 25 años: unos 34.000 euros anuales que se convirtieron en 24.000 cuando el todavía Gobierno socialista recorta las primas prometidas, y "que caerán completamente con el último veto del PP", denunció el alcalde de la localidad, Emilio Mira.
Inseguridad jurídica
"Nos sentimos engañados, si en un país no hay seguridad jurídica apaga y vámonos, necesitamos que Europa nos ayude", indicó Angel Ruiz, representante de seis familias que invirtieron en huertos fotovoltaicos en Castilla-La Mancha.
Europa puede materializar su apoyo a los afectados en dos sentidos: restituir la seguridad jurídica obligando a España a que revierta el veto a las renovables, y legislando para que los Estados no puedan tomar decisiones como esta con carácter retroactivo, explicó Jorge Edo, portavoz Anpier en Aragón.
La entrada de nuevos agentes en el sistema energético español y la "democratización" del mismo fue defendida en Europa por Dolors Clavell, abogada de Som Energía, una cooperativa de ámbito estatal que produce y comercializa energía renovable, y que en solo tres años ha logrado más de 16.000 socios.
Portavoces de la plataforma por un Nuevo Modelo Energético recordaron que el sector fotovoltaico ha pasado de generar 206.000 empleos en 2009 a 114.000 en 2013, debido a los sucesivos recortes en las primas, a pesar de lo cual contribuyeron al PIB con 3.344 millones en 2012, 620 millones más de lo que supusieron las primas.
En la actualidad, y a raíz de varias denuncias en el Parlamento Europeo, la Comisión estudia el veto a las renovables en España y podría elaborar un informe sobre el mismo próximamente.
El eurodiputado de Primavera Europea dijo que este asunto será una prioridad para su grupo y hará lo posible "para devolver la confianza a los ciudadanos".
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