Crece la controversia en torno al papel de Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, en la reciente decisión de la Comisión Europea de bloquear el pago de 101 millones de euros que España debe a Antin tras un laudo arbitral internacional. Ribera es ahora acusada por los inversores renovables de haber influido en la decisión para evitar el desembolso de la compensación.
Según ha podido saber El Periódico de la Energía, Ribera se recusó de este caso Antin el pasado mes de diciembre y por tanto no ha tomado decisión alguna al respecto y es un equipo de la Comisión quien ha tomado esta decisión.
El conflicto surge del arbitraje resuelto por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un tribunal dependiente del Banco Mundial, que falló a favor de los inversores del fondo Antin tras la retirada retroactiva de primas renovables en España. Sin embargo, la Comisión Europea ha determinado que el pago podría considerarse una “ayuda de Estado”, lo que impide su ejecución.
Promesa de abstención
A pesar de que Ribera había prometido abstenerse en este asunto ante el Parlamento Europeo el pasado 12 de noviembre de 2024, su gabinete nunca confirmó por escrito su desvinculación del proceso. No fue hasta el 21 de febrero de 2025 cuando un asistente de la Dirección General de Competencia afirmó verbalmente que el vicepresidente Valdis Dombrovskis asumiría el caso, sin presentar pruebas documentales que lo ratificaran.
Las dudas sobre su imparcialidad aumentaron tras una reunión clave el 10 de marzo entre representantes legales de los inversores y miembros del gabinete de la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea. Sorprendentemente, las funcionarias asignadas para supervisar el caso desconocían sus detalles, lo que refuerza la hipótesis de que las decisiones habrían sido tomadas sin un análisis adecuado y con celeridad inusual, favoreciendo a España.
Litigios internacionales
La controversia en torno al impago de laudos arbitrales por parte de España no es nueva. Desde 2013, el país ha perdido 25 litigios internacionales por los recortes a las energías renovables, debiendo indemnizar a empresas como E.ON, EDF y NextEra. En lugar de cumplir con las resoluciones, el Gobierno español ha interpuesto recursos y buscado apoyo en la Comisión Europea para evitar los desembolsos.
La decisión sobre Antin marca un cambio de postura respecto a la anterior comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, quien evitó intervenir en el proceso. Ahora, los inversores temen que la Comisión Europea esté actuando en defensa de los intereses de un Estado miembro en detrimento del Estado de derecho y la seguridad jurídica.
Los inversores afectados ya han anunciado que impugnarán la decisión de la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), buscando revertir la calificación del pago como "ayuda de Estado". Además, continúan los procesos de ejecución del laudo en otras jurisdicciones, como Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Bélgica, donde tribunales nacionales han ratificado su validez.
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