Los planes de Bolivia de construir en los próximos años 12 grandes presas hidroeléctricas pueden duplicar y hasta triplicar la deuda del país y causar daños graves en el ecosistema, ha denunciado la Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático.
Así lo declaró a Efe Martin Vilela, coordinador de Justicia Climática de la ONG, durante la Conferencia sobre el Cambio Climático que tiene lugar en la sede de la ONU en Bangkok hasta el domingo.
Vilela afirmó que los casos más preocupantes son las presas de Bala-Chepete y Rositas en la cuenca amazónica, que no han contado, según él, con una consulta informada previa de las comunidades e invadirán terrenos de parques naturales.
El activista boliviano añadió que las hidroeléctricas, proyectadas para exportar energía, producirán electricidad a precios no competitivos en un mundo que avanza hacia otras tecnologías renovables.
También se mostró preocupado por la apuesta del Gobierno de Evo Morales por el biocombustible, lo que significará que la deforestación aumente desde las 200.000 o 340.000 hectáreas anuales en la actualidad a 420.000 hectáreas por año en el futuro.
En su opinión, la hidrofracturación de hidrocarburos y la energía nuclear, también incluidas en los planes del Gobierno boliviano, asimismo son contraproducentes.
"En Bolivia vivimos un gran desafío porque el Gobierno solo entiende el desarrollo como crecimiento económico", indicó Vilela durante una conferencia de prensa organizada por la plataforma Campaña Global para la Demanda de Justicia Climática.
El activista denunció que en este sentido las autoridades bolivianas han perseguido en los últimos diez años "un modelo de industrias extractivas en energía".
Las ONG bajo la plataforma demandan que los países desarrollados abandonen las fuentes de energía contaminantes en 2030 y las naciones en desarrollo lo hagan en 2050, como muy tarde.
También exigen una moratoria a la energía nuclear a partir de 2019 y la prohibición de la hidrofracturación o "fracking" de gas y petróleo.
Los delegados en Bangkok negocian un manual de normas y directrices que incluya metas, calendarios y políticas para que los países reduzcan sus emisiones de gases contaminantes, responsables del calentamiento global, de acuerdo con el Acuerdo de París (2015).
Uno de los escollos en las negociaciones es cómo van a hacer efectivo los países desarrollados los 100.000 millones de dólares anuales que se han comprometido a aportar a las naciones en desarrollo a partir de 2020 para luchar contra el cambio climático y paliar sus efectos.
La cita de Bangkok, en la que participan más de 1.400 delegados de 182 países, es la última reunión preparatoria antes de la Cumbre del Clima (COP 24) que tendrá lugar en Katowice (Polonia) en diciembre.
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