En plena cuenta atrás para culminar el acuerdo de reforma del mercado eléctrico europeo antes de que acabe el año, los 27 países de la Unión Europea han dado recientemente un paso decisivo para reactivar el texto que ahora se negociará con el Parlamento Europeo. Si todo va como parece, -, se materializará durante la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea, vigente hasta el próximo 31 de diciembre.
Hasta entonces, y desde que comenzara dicha Presidencia española el pasado 1 de julio, diferentes ciudades de nuestro país han acogido y acogerán las reuniones informales en las que los ministros que conforman el Consejo de la UE buscan soluciones a distintos temas clave, ya sea en materia energética, reindustrialización o avances en la transición hacia una economía neutra en emisiones. España debe aprovechar su posición de referencia para impulsar las medidas que sitúen tanto nuestra industria como la industria continental en el estadio de sostenibilidad más avanzado posible.
La reindustrialización y la propia competitividad de la economía europea también necesitan una reforma del diseño de mercado de la electricidad coherente con los objetivos de descarbonización marcados por la propia Unión Europea; una reforma que fomente el desarrollo de las inversiones en energías renovables y propicie la estabilidad de los precios para todos los consumidores.
Reforma del mercado
La reciente posición acordada por los Veintisiete plantea una medida muy clara para conseguirlo: agilizar y potenciar la tramitación y aprobación de la contratación a plazo en Europa. El acuerdo avanza en la línea correcta, reconociendo el carácter voluntario de los CFDs, siendo la propia Comisión la que velará por el cumplimiento de que no existan distorsiones en la competencia, y reconociendo la importancia de la inversión anticipada en redes.
Sin embargo, hay que seguir insistiendo en la eliminación de las medidas intervencionistas adoptadas en los dos últimos años y sustituirlas por medidas que garanticen el fomento de las energías renovables y de precios competitivos. Prorrogar la vigencia de estas medidas, como el límite a los ingresos de las tecnologías inframarginales, presenta una serie de efectos negativos y de distorsiones tanto en los mercados a plazo y en los de corto plazo.
Lo mismo ocurre con el denominado impuesto extraordinario a las grandes eléctricas, que grava a los ingresos de las compañías eléctricas de manera diferente a como se aplica en Europa penalizando la competitividad de las eléctricas españolas respecto a las europeas y detrayendo fondos para la inversión en transición energética y energías renovables.
Mayor presencia renovable
El reto de avanzar hacia una mayor presencia de generación renovable en el sistema eléctrico debe asentarse sobre una mayor electrificación de la demanda de energía. Las redes eléctricas son el facilitador principal para conseguir la integración de renovables y del consumidor y la electrificación de la demanda: a su vez, vectores claves para la descarbonización.
Para ello, es necesario reconocer a los gestores de las redes de distribución la contribución que deben hacer a la flexibilidad del sistema, estableciendo incentivos para que los distribuidores adquieran y utilicen servicios de flexibilidad. La regulación debería reconocer las inversiones anticipatorias de la red para mejorar la eficiencia de la infraestructura existente dentro del modelo retributivo, además de fortalecer la seguridad del suministro, respaldar los servicios de flexibilidad y facilitar la respuesta de la demanda.
En definitiva, una mayor electrificación de la economía va a llevar parejo apostar por una mayor digitalización de las redes al objeto de alcanzar una mayor supervisión y monitorización de la red en tiempo real garantizando una mayor calidad y fiabilidad del suministro.
Impulso al Pacto Verde Europeo
La Presidencia española debe servir también para impulsar los temas pendientes del Pacto Verde Europeo, básico para los objetivos de descarbonización y su compatibilidad con el mantenimiento de la competitividad de las empresas europeas. Sirva como ejemplo la culminación del paquete de legislación propuesto a principios de este año, que incluía la Ley de Industria Net-Zero y la Ley de Materias Primas Críticas, fundamental para dotar a la industria europea de un marco que aporte estabilidad para invertir y competir.
El Pacto Verde Europeo reconoce también el papel crucial de la fiscalidad medioambiental en la transición hacia una economía más sostenible. Su revisión en los próximos años es imprescindible para progresar en la electrificación y en la descarbonización.
La promoción de sectores industriales estratégicos y de tecnologías que refuercen las cadenas de valor y la competitividad de la economía europea tiene que vincularse con un suministro energético competitivo, seguro y eficiente, con un mercado interior de la energía orientado hacia la descarbonización y con el avance en todas las medidas legislativas relacionadas. Solo así conseguiremos situar la industria europea en un estadio más avanzado de sostenibilidad.
Paloma Sevilla es directora general de aeléc
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