Los servicios de operación ya encarecen la factura eléctrica en 3.160 millones de euros en 2026

Los costes de los servicios de operación del sistema eléctrico continúan ganando peso en la factura de la luz y ya han supuesto un sobrecoste acumulado de 3.160 millones de euros para consumidores domésticos y empresas en lo que va de 2026, un 36% más que en el mismo periodo del año anterior. Solo durante la segunda quincena de julio, estos servicios añadieron otros 220 millones de euros al recibo eléctrico, consolidándose como uno de los principales factores que elevan el precio final de la electricidad, según el octavo informe del Observatorio del Coste de los Servicios de Operación.

El estudio sitúa el sobrecoste medio de estos servicios en 22,09 euros por megavatio hora desde el comienzo del año, una cifra que ya se aproxima al coste de las redes eléctricas. Entre el 16 y el 31 de julio, el impacto fue de 17,57 euros por MWh, de forma que, según el Observatorio, uno de cada siete euros pagados por la electricidad ya no corresponde al precio de la energía en el mercado mayorista, sino a los costes derivados de la operación del sistema.

Componente estructural de la factura eléctrica

El informe destaca que estos costes han dejado de ser un fenómeno coyuntural para convertirse en un componente estructural de la factura eléctrica. La evolución recogida en el documento muestra cómo el incremento se ha acelerado tras distintos episodios registrados en los últimos meses, especialmente desde el apagón del 28 de abril de 2025, cuando comenzó a aplicarse con mayor intensidad el denominado modo de operación reforzada. Según las entidades impulsoras del Observatorio, este mecanismo extraordinario ha elevado de forma significativa los costes que soportan consumidores e industria.

El peso de estos servicios varía según el tipo de consumidor. Para los hogares acogidos al PVPC representan un incremento del 6% sobre la factura eléctrica, mientras que para las pequeñas y medianas empresas asciende al 9%. En el caso de los grandes consumidores electrointensivos, el impacto alcanza el 15%, lo que, a juicio de los promotores del informe, reduce la competitividad de la industria española en un contexto de creciente electrificación. Además, durante la segunda quincena de julio los servicios de operación representaron el 13% del precio final de la electricidad, frente al 87% correspondiente al mercado diario.

Ante esta situación, las organizaciones que integran el Observatorio reclaman una mayor transparencia sobre la formación de estos costes y piden a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) reforzar su supervisión, especialmente sobre los asociados a la operación reforzada. Asimismo, proponen que se publique información periódica y detallada sobre estos mecanismos, junto con un calendario para su retirada. También plantean estudiar cambios regulatorios que permitan financiar estos servicios mediante costes regulados del sistema eléctrico en lugar de trasladarlos íntegramente al precio de la energía, así como consolidar de forma permanente la suspensión de determinados impuestos energéticos para evitar un mayor encarecimiento de la electricidad.

El Observatorio sostiene que las decisiones regulatorias y operativas deben alinearse con los objetivos de descarbonización, competitividad industrial y autonomía energética, al considerar que el incremento de estos costes está erosionando la competitividad de la economía española.

Incorporación de CEPYME

Coincidiendo con la publicación del informe, la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) se ha incorporado al Observatorio del Coste de los Servicios de Operación. La organización empresarial considera que su adhesión amplía la representatividad de la iniciativa al integrar también a las pequeñas y medianas empresas, de modo que pasa a representar prácticamente a la totalidad del tejido empresarial e industrial español.

Las entidades participantes insisten en la necesidad de adoptar medidas regulatorias que permitan contener el crecimiento de estos costes y preservar la competitividad de las empresas en el proceso de transición energética.