La Alianza Mar Blava ha tildado de "auténtico desvarío" la postura del Gobierno central, que ha advertido de posible "inconstitucionalidad" de la proposición de ley de protección del Mediterráneo frente a las prospecciones petrolíferas planteada desde el Parlament balear.
La entidad ciudadana que promovió dicha proposición de ley asegura en un comunicado que "no sólo no es inconstitucional, si no que ha seguido fielmente el trámite que marca el Artículo 87 de la Constitución Española".
La proposición de ley plantea la protección ambiental de un espacio frente a una determinada actividad, no la "prohibición genérica" de ésta, como arguye el Gobierno, indica Mar Blava, que acusa al ejecutivo central de "incoherencia con los compromisos contra el cambio climático adquiridos en el seno de la Unión Europea y en el Acuerdo de París".
La semana pasada, el Govern balear recibió un informe del Ministerio de la Presidencia advirtiendo de la posible inconstitucionalidad de la "Proposición de Ley sobre la protección del mar Mediterráneo bajo jurisdicción española de los daños que pudieran producir la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos y otras sustancias minerales".
La Alianza Mar Blava asegura al respecto que, consciente de que la proposición de ley plantea la protección del mar Mediterráneo cuya jurisdicción recae dentro del marco competencial del Estado español, se planteó seguir el trámite que recoge el artículo 87.2 de la Constitución, que otorga a las asambleas de las Comunidades Autónomas la capacidad de promover leyes en España.
La propuesta legislativa fue aprobada por unanimidad de todos los grupos parlamentarios de la cámara legislativa balear (PP, PSIB-PSOE MÉS per Mallorca, Podem Illes Balears, El Pi-Proposta per les Illes Balears, MÉS per Menorca y Mixto) el 11 de abril y remitida al Congreso para iniciar su tramitación parlamentaria, ha recordado Mar Blava.
Dado que es el Congreso el competente para tramitarla, Alianza Mar Blava considera "absurdo" que el Gobierno afirme que está viciada de inconstitucionalidad, por ser extraterritorial e invadir la competencia estatal.
Según la entidad, el informe del Gobierno yerra al considerar que la proposición de ley es "meramente una norma autonómica" y criticar a la comunidad autónoma de Baleares por excederse en su ámbito competencial al pretender abarcar todo el mar Mediterráneo.
Mar Blava insiste en que, precisamente porque las autorizaciones en materia de hidrocarburos en Mediterráneo son competencia estatal es por lo que el Parlament balear presentó una proposición de ley a las Cortes Generales, que son las competentes para aprobar dicha ley.
La entidad también niega que la propuesta busque una "prohibición genérica de una actividad". "Lo que pretende es la protección del Mediterráneo con la exclusión de una actividad perjudicial (las prospecciones de hidrocarburos) en un área ambientalmente muy sensible".
"La PL no choca con la Ley 34/1998 del sector de hidrocarburos, lo único que hace es excluir un determinado territorio de la realización de determinadas actividades de alto impacto", insiste.
Mar Blava recuerda además que la directiva europea 94/22/CE reconoce la facultad de los estados miembros para determinar dentro de sus territorios respectivos las zonas en las que quedará autorizado el ejercicio de actividades de prospección, exploración y producción de hidrocarburos.
La plataforma niega además el supuesto "innegable interés estratégico" de los sondeos que alega el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (Minetad) en el informe.
"No está justificado ni con los hechos económicos, pues la posible variación de nuestra actual dependencia energética exterior mediante la explotación de potenciales recursos de hidrocarburos sería absolutamente despreciable, ni con la superioridad estratégica que tiene para toda la UE los objetivos de lucha contra el cambio climático para 2020, 2030 y 2050, así como el Acuerdo de París", afirman.
Mar Blava cree que las actividades de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos son "un esfuerzo en sentido contrario a los compromisos internacionales adquiridos por la UE y el Estado español de lograr una economía profundamente descarbonizada, basada fundamentalmente en el ahorro, la eficiencia energética y el uso de energías renovables".
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