La transición energética hacia un modelo más sostenible y respetuoso con el medio ambiente es algo irreversible y que, mal que bien, todo el mundo ha asumido. El mundo avanza inexorablemente hacia ese nuevo modelo. Y esto resulta tan evidente como el hecho de que la UE debe caminar también hacia la Unión Energética Europea. Europa tiene que afrontar el desafío de reducir los precios energéticos, base de una competitividad real, vencer los riesgos de la alta dependencia de suministro en materia de hidrocarburos, integrar física, jurídica y regulatoriamente un mercado único de electricidad y gas natural, con infraestructuras integradas y afirmar una Autoridad común . En definitiva, como dice muy acertadamente Vicente López-Ibor en estas mismas páginas, “definir con renovada ambición una transición energética hacia una mayor descentralización, mejora en eficiencia y protagonismo de la demanda”.
El sector energético, y en particular, el sector eléctrico, ha evolucionado a una velocidad de vértigo, y ha experimentado cambios muy sustanciales. En los últimos tiempos Europa ha asistido a una auténtica revolución: se han privatizado algunas compañías públicas, se han creado reguladores independientes y mercados para negociar la electricidad, se han separado las actividades reguladas de las competitivas en las compañías verticalmente integradas para garantizar el acceso a las redes a generadores y consumidores, hay nuevas centrales de generación que compiten con las centrales tradicionales, y lo mismo sucede con los comercializadores, los consumidores empiezan a participar en el mercado gestionando su demanda, se van eliminando poco a poco las tarifas tradicionales para transformarse ahora en tarifas de acceso, y hay un gestor de la red de transporte completamente independiente que gestiona el acceso a la red. Es decir, se han experimentado más cambios en dos décadas que en todo el siglo anterior.
Regulador independiente
“En todo este proceso de cambio la presencia de un regulador independiente ha sido clave”, decía el presidente de la patronal Unesa, Eduardo Montes, en un artículo publicado en la revista de la Fundación de Estudios Sociológicos (FUNDES) _Cuenta y Razón _este verano. En él, Montes explica que la independencia del regulador es imprescindible porque solo así se asegura que las decisiones sean objetivas y, por consiguiente, estables y predecibles. “Así –dice Montes- se evitan intervenciones arbitrarias y se garantiza el mismo trato a todas las empresas. Y esto es muy relevante, porque en definitiva redunda en una menor incertidumbre para atraer las inversiones que se necesitan y, al final, en un menor precio para el consumidor”.
La finalidad de estos reguladores es fijar las reglas para el funcionamiento del mercado, supervisarlo y proteger a los consumidores, especialmente a los vulnerables. La mayoría de reguladores europeos se encargan de estas actividades, pero además regulan la inversión y el precio en las redes de transporte y distribución de electricidad, o fijan estándares para la seguridad y la fiabilidad del suministro.
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