Cada vez se están poniendo las cosas más feas para el Gobierno en el asunto del pago de los laudos a las empresas que decidieron llevar a España a los tribunales internacionales por el recorte a las renovables.

Parecía que los inversores europeos no podrían seguir con sus demandas y percibir sus indemnizaciones ganadas en los tribunales de arbitraje, pero una nueva sentencia da la razón a la alemana RWE y podrá solicitar el embargo de bienes al Gobierno de España en EEUU por valor de 28 millones, la cantidad que ganó en un laudo en el CIADI, el tribunal del Banco Mundial.

La historia es la siguiente. La compañía desarrolló distintas instalaciones de energía verde en España ante la aprobación de las primas renovables, incluidas cuatro plantas hidroeléctricas y dieciséis parques eólicos.

La retirada retroactiva de estos incentivos hizo que RWE denunciase a España en 2014, invocando el artículo 10 del Tratado de la Carta de la Energía, que obliga a los países firmantes a respetar las condiciones básicas de seguridad jurídica para estas inversiones.

El arbitraje del proceso se desarrolla en el CIADI, tribunal competente del Banco Mundial, y culmina con una decisión publicada en 2020 que condena a España a pagar una indemnización de 28 millones a la compañía germana.

El Gobierno se niega a pagar

El gobierno de Pedro Sánchez se ha negado a cumplir sus obligaciones y, de hecho, intentó anular el laudo a través de un proceso que llegó a su fin hace escasas semanas, mediante una decisión que reafirmó la plena validez del arbitraje y reiteró la obligación de indemnizar a RWE con esos 28 millones.

Además de abonar estos 28 millones, España debe pagar también los intereses de demora, que se incrementan a una tasa anual del 2%, así como la condena en costas y parte de los costes del arbitraje.

⁠Ante los impagos del gobierno español, y al igual que han hecho otras compañías afectadas, RWE puso en marcha un proceso consistente en registrar el laudo ante la justicia de otros países firmantes del Tratado de la Carta, en este caso Estados Unidos.

Este tipo de procedimiento puede resultar en la activación de medidas extraordinarias orientadas a resarcir a las empresas afectadas por este tipo de incumplimientos. Un ejemplo de tales mecanismos sería el el embargo de bienes y activos de España, procedimiento que ya han autorizado los Tribunales Supremos de Australia y Reino Unido y que, de hecho, ya está en marcha en las islas británicas, donde se ha producido la incautación cautelar de distintas propiedades, activos financieros, etc.

Más de 25 sentencias en contra

Mientras avanza el litigio ante los tribunales norteamericanos, la Abogacía del Estado contrató al bufete Simmons & Simmons LLP para iniciar un procedimiento ante la justicia alemana. España había reclamado a los tribunales del país teutón que impidan a RWE desarrollar su denuncia en suelo norteamericano.

El gobierno español fue tan lejos que llegó a pedir multas de más de 250.000 euros y penas de cárcel de hasta dos años para los abogados de RWE que prosiguiesen el intento de registrar el laudo ante la magistratura estadounidense.

Ahora, una sentencia publicada por la Corte de Essen con fecha del pasado 12 de abril ha tumbado las pretensiones de la Abogacía del Estado y Simmons & Simmons. La justicia alemana impone a nuestro país el pago de las costas del proceso y reitera que RWE está en su derecho de acudir a los tribunales estadounidenses para registrar el laudo.

A modo resumen, España ha perdido más de 25 procedimientos internacionales por la retirada retroactiva de las primas renovables y debe cerca de 1.800 millones a las empresas afectadas, en concepto de indemnizaciones, intereses de demora y condenas en costas. La justicia británica ya ha incautado cautelarmente la indemnización por la catástrofe del Prestige, valorada en más de 900 millones, así como las sedes londinenses del Instituto Cervantes y de la agencia de promoción económica de la Generalidad de Cataluña.

También se han intervenido cuatro cuentas de banco y el edificio de la Escuela Internacional Vicente Cañadas. La Corte Suprema de Australia también ha fallado a favor de las empresas afectadas y ha abierto la puerta al embargo de bienes soberanos españoles radicados en el país oceánico.