El exministro de Obras Públicas Josep Borrell y otros doce consejeros de Abengoa declararán desde mañana como testigos ante la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que investiga a la antigua cúpula de la empresa sevillana de energías renovables por presunta administración desleal.
Durante dos días, los trece consejeros se someterán a las cuestiones de las partes con el fin de esclarecer qué ocurrió en las sesiones del Consejo donde se aprobaron sendas indemnizaciones de 11,5 y 4,5 millones para el expresidente de Abengoa Felipe Benjumea y el exconsejero delegado Manuel Sánchez Ortega, respectivamente, tras su salida de la empresa poco antes del preconcurso de acreedores (antigua suspensión de pagos).
El actual director general de la filial estadounidense Abengoa Yield, Santiago Seage, abrirá la ronda de intervenciones, mientras que apenas media hora después le llegará el turno al exministro Borrell, responsable de la firma de dichos contratos.
Acto seguido pasarán ante la titular del juzgado central de Instrucción número 3 la presidenta del comité de retribuciones de Abengoa, Mercedes Gracia, su vocal Alicia Velarde y el consejero Ricardo Martínez Rico.
Para el jueves están citados otros ocho cargos vinculados al consejo de administración de la compañía, entre ellos el ex presidente ejecutivo de Abengoa entre noviembre de 2015 y marzo de 2016, José Domínguez Abascal, y el que fuera exvicepresidente de General Electric, Claudi Santiago, que recientemente ha renunciado como consejero dominical de la empresa de renovables.
Todos ellos declararán como testigos después de que tanto la instructora como el fiscal del caso, José Perals, se opusieran a tanto a ampliar la querella contra Benjumea y Sánchez Ortega por falsedad contable como a hacerla extensible al resto del consejo.
La Audiencia Nacional rechazó así las pretensiones de la acusación particular de los bonistas que abrieron la causa que solicitaron en varias ocasiones la declaración como investigado -antes imputado- por firmar los contratos de indemnización de ambos directivos.
La causa abierta contra Benjumea y Sánchez Ortega responde a una querella presentada por dos bonistas de la compañía, e investiga el cobro de indemnizaciones millonarias; en este sentido, el expresidente alegó que se trata de una práctica normal "para asegurar su permanencia en el cargo".
Sánchez Ortega también se enfrenta a una acusación por uso de información privilegiada tras fichar por el fondo de inversión Blackrock justo cuando los títulos de Abengoa comenzaron a desplomarse en Bolsa.
Actualmente, Abengoa y sus acreedores ultiman el acuerdo definitivo de reestructuración, con la intención de evitar el concurso.
Tras solicitar el preconcurso de acreedores en noviembre de 2015 asfixiada por una elevada deuda, la empresa pidió el pasado 28 de marzo un tiempo adicional -que la normativa fija en siete meses- para presentar de acuerdo con sus acreedores un plan de reestructuración definitivo.
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