El Parlamento Europeo ha respaldado este miércoles con 485 votos a favor, 65 en contra y 80 abstenciones la directiva europea relativa a la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos (AFIR, por sus siglas en inglés), que aspira a crear unos objetivos vinculantes para todos los países de la Unión Europea (UE) en cuanto a la cantidad de puntos de recarga eléctrica en las carreteras de cada país del bloque.
En concreto, la propuesta legislativa recoge que en los países de la UE deberá haber cargadores para vehículos eléctricos cada 60 kilómetros y estaciones de repostaje de hidrógeno cada 100 kilómetros.
Los cargadores eléctricos
De este modo, se ha acordado imponer objetivos nacionales mínimos para el despliegue de la infraestructura para combustibles alternativos y los países de la UE tendrán hasta 2024 para presentar sus planes para conseguirlos.
En 2026, deberá haber al menos una estación de carga para vehículos eléctricos cada 60 kilómetros en las principales carreteras del bloque y el mismo requisito será de aplicación para camiones y autobuses, pero solamente en algunas vías que forman parte de las redes transeuropeas (RTE-T) y con estaciones más potentes.
No obstante, habrá excepciones para las regiones ultraperiféricas, islas y carreteras con muy poco tráfico. Con el respaldo a esta propuesta legislativa, el Parlamento iniciará las negociaciones con los Estados miembros sobre la formulación definitiva del texto.
ACEA pide más inversiones
"Nos complace que los eurodiputados hayan inyectado más ambición en este reglamento, aumentando los objetivos nacionales tanto para los puntos de carga como para las estaciones de servicio de hidrógeno en comparación con la propuesta de la Comisión", ha señalado la directora general de la Asociación de Fabricantes Europeos de Automóviles (ACEA), Sigrid de Vries.
Sin embargo, ha destacado que la directiva AFIR "solo proporcionará una red mínima de infraestructura" y ha opinado que deberá complementarse con iniciativas por parte del sector privado.
Así, ha instado a los responsables políticos de la UE a comprometerse con esas iniciativas privadas "eliminando el riesgo" en la implementación de las inversiones y "acelerando los procedimientos de planificación y de permisos".
Por su parte, Transport & Environment (T&E) también ha celebrado el respaldo a la directiva y ha destacado que, "si los gobiernos la aceptan", los conductores podrán recargar sus vehículos eléctricos en puntos de acceso público "en todos los rincones de Europa" en 2025.
"Durante años, la ansiedad por la infraestructura ha frenado la electrificación del transporte por carretera. Esta ley debería calmar cualquier temor y garantizar que la carga siempre se mantenga al ritmo de los vehículos eléctricos en la carretera", ha valorado el responsable del área de política de vehículos eléctricos de T&E, Fabian Sperka.
La eurodiputada de Ciudadanos Susana Solís también ha valorado positivamente el resultado de la votación y, en declaraciones a Europa Press, ha resaltado que el texto aprobado en la Eurocámara refleja una "postura más ambiciosa" que la de la Comisión Europea y, además, cuenta con el "apoyo de usuarios e industria".
Sin embargo, Solís ha lamentado que se haya aprobado una enmienda que permite exenciones a las regiones ultraperiféricas e islas en objetivos de puntos de recarga. "No podemos crear territorios de primera y de segunda y es precisamente en los territorios con una aplicación más complicada en los que es más importante que se mantengan los objetivos vinculantes. Lo mismo ocurre en las zonas despobladas", ha matizado.
Asimismo, ha defendido que no se puede pedir el fin del vehículo de combustión sin crear un ecosistema que permita y fomente el coche eléctrico. "En el pasado vimos que sin objetivos vinculantes a nivel nacional hay muchos estados miembros que se quedan rezagados. España es un claro ejemplo", ha añadido.
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