Permisos de conexión flexibles: un primer paso necesario, pero insuficiente para desbloquear el almacenamiento en España

El pasado 20 de febrero Red Eléctrica publicó por primera vez los mapas de capacidad de acceso de la demanda a la red de transporte, una fotografía que desvela que el 75% de los nudos de la red están aparentemente ya copados, un dato muy similar al que vemos en la red de distribución. Este escenario resulta desalentador para cualquier promotor que aspire a desarrollar un proyecto de baterías en España.

Sin embargo, no hay que confundir congestión legal con congestión física. Según los datos oficiales de Red Eléctrica, el parque de generación español cerró 2025 con 142,5 GW de potencia instalada, mientras que la demanda pico del sistema se mantiene por debajo del máximo histórico de 45 GW (registrado en diciembre de 2007). En otras palabras, la red se ha quedado sin derechos de acceso contractuales, no sin espacio físico. Según la exposición de motivos del RDL 7/2026, aproximadamente el 90% de la capacidad de acceso en distribución ha sido otorgada sin uso efectivo. Esta distinción es fundamental, porque sugiere que el problema no es tanto de infraestructura, sino de diseño regulatorio.

Un cambio de enfoque necesario

Ante este escenario, dos iniciativas regulatorias convergen para intentar desbloquear la situación. Por un lado, la CNMC ha planteado una nueva regulación de permisos de acceso flexibles para la demanda, con el objetivo de aprovechar mejor la capacidad disponible en la red y permitir la conexión de nuevos proyectos, incluidas las baterías, aunque sea con ciertas limitaciones operativas. Por otro lado, el RDL introduce un paquete integral de medidas contra el acaparamiento especulativo que marca la transición del principio First Come, First Served a un modelo First Ready, First Served.

En cuanto a la regulación de permisos flexibles, la propuesta introduce nuevas tipologías de permisos de conexión en la red de distribución:

• Tipo 0: permite consumir en franjas horarias previamente definidas (de 00:00 a 07:59 y de 11:00 a 17:59).

• Tipo 1: autoriza la conexión, pero con posibilidad de desconexión total ante posibles contingencias (N-1).

• Tipo 2: introduce un modelo más avanzado, en el que el gestor de red puede limitar la potencia mediante consignas de forma precisa y dinámica, con observabilidad, telecontrol y verificación

Desde Entrix, expertos en la operación en mercado de activos flexibles con más de 3 GW bajo gestión en Europa, vemos la convergencia de ambas regulaciones como un primer paso importante. La propuesta de la CNMC consolida un cambio de paradigma real — permite pasar de un modelo de permisos rígido a un entorno donde la red puede gestionarse con mayor granularidad — mientras que el RDL aborda la congestión administrativa causada por la especulación. Esto es lo que necesita un sistema eléctrico con más de 80 GW de renovables instaladas y menos de 200 MW de baterías. Sin embargo, pensamos que el marco resultante todavía se queda corto en varios aspectos clave para el almacenamiento.

Retos pendientes para desbloquear el almacenamiento

En primer lugar, el almacenamiento no está siendo tratado conforme a su verdadera naturaleza. Las baterías son el activo más flexible del sistema, pueden comportarse como demanda o como generación, modular su potencia en segundos y responder con precisión a las necesidades de la red. Si bien el RDL da un paso importante al reconocer que el almacenamiento será siempre flexible desde la perspectiva de demanda, el marco de acceso sigue sin reflejar esta naturaleza en el cálculo de capacidad.

Tratar al almacenamiento como una demanda firme convencional genera una paradoja: se espera que el almacenamiento resuelva la congestión, pero se le exige ocupar capacidad como un activo rígido. Un desarrollo más ambicioso debería incorporar criterios de cálculo diferenciados (como un percentil P70 en escenarios N y N-1) que reconozcan que el almacenamiento, por su operativa real de alternancia carga/descarga, no ocupa capacidad de forma permanente. Esta flexibilidad operativa debería traducirse en mayor capacidad disponible para ubicar almacenamiento donde el sistema más lo necesita.

En segundo lugar, el calendario de implantación propuesto resulta difícil de justificar ante la urgencia actual. El Tipo 2, la modalidad con mayor potencial operativo en distribución, no estará disponible hasta 2028, lo que nos deja con soluciones más rígidas — patrones horarios o desconexiones totales — herramientas útiles, pero limitadas para un sector que requiere señales claras para activar decisiones de inversión. Su implementación es técnicamente factible en un plazo de 12 meses, ya que no se trata de tecnología por inventar sino de desplegar capacidades operativas maduras que ya funcionan en transporte y en múltiples DSOs europeos. Es esencial, además, que se permita solicitar el Tipo 2 desde la entrada en vigor de la norma, aunque su plena operativa quede condicionada al horizonte de implementación, para evitar un efecto parón que congele proyectos e inversiones.

En tercer lugar, echamos en falta instrumentos de mercado que establezcan una vinculación clara entre el acceso flexible y señales locacionales. Para que el acceso flexible cumpla su función, es necesario orientar el almacenamiento hacia los puntos de la red donde más valor aporta. Esto exige mayor transparencia sobre la capacidad disponible y, a medio plazo, mecanismos que traduzcan esa información en decisiones eficientes de inversión y operación: un mercado de resolución de Restricciones Técnicas o mercados locales de flexibilidad gestionados por los gestores de red.

La transición pendiente: de invertir más a gestionar mejor

Más allá de la propia regulación, esta discusión apunta a un reto estructural más amplio: la necesidad de transformar el modelo de gestión de las redes eléctricas. El despliegue del almacenamiento en España no dependerá solo de nuevos permisos, sino de la capacidad de evolucionar desde un enfoque centrado en aumentar el CAPEX — más líneas, más subestaciones, más hierro — hacia otro basado en la gestión inteligente y en tiempo real de los activos existentes.

Esto implica revisar los incentivos regulatorios. Modelos como el TOTEX, aprobado por la CNMC para el periodo 2026-2031, van en la buena dirección porque combinan inversión y operación, pero su aplicación real será gradual y no se completará hasta 2029-2031, y la rentabilidad prevista sigue sin ofrecer incentivos suficientes para que las distribuidoras apuesten de verdad por la digitalización y la gestión flexible. Sin estos elementos, existe el riesgo de que los permisos flexibles permitan aflorar parte de la capacidad latente en la red, pero no desarrollar todo el potencial del almacenamiento.

España tiene una oportunidad única para liderar el almacenamiento en Europa, y el marco regulatorio avanza en la dirección correcta. Ahora toca dar el paso decisivo: acelerar los calendarios, reconocer la naturaleza diferencial del almacenamiento en el cálculo de capacidad, dotar de señales locacionales al mercado y garantizar reglas operativas claras y proporcionadas.

Juan Galiardo es Regional Manager Iberia de Entrix, representante de mercado especializado en baterías