El Gobierno de transición de Perú, que preside el congresista derechista José Jerí, planea utilizar un esquema de fideicomisos para que los activos estratégicos de la empresa petrolera estatal Petroperú reciban capitales privados, pero se mantengan en manos del Estado, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
El Ministerio ratificó en un comunicado que el Gobierno "ha puesto en marcha" la reorganización de Petroperú, "mediante acciones inmediatas que dan inicio a un proceso ordenado, técnico y transparente, con el objetivo de proteger los activos estratégicos del Estado, fortalecer la capacidad financiera de la empresa y asegurar su sostenibilidad en el tiempo".
Al respecto, la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, reiteró que el proceso no implica la privatización de la empresa y dijo que uno de los primeros hitos será la identificación e incorporación de "activos estratégicos" en esquemas de fideicomisos, con el objetivo de protegerlos legalmente.
"Queremos mantener la propiedad del Estado sobre los activos, pero incorporarlos en mecanismos como fideicomisos que los protegen legalmente y que permitan usar herramientas financieras para que Petroperú recupere la operatividad que ha perdido", precisó.
Miralles reiteró que "Petroperú no se privatiza, no se vende" y que el Gobierno, "lo que busca, es enfrentar una situación que no podía continuar y tomar medidas desde el primer día para organizar una empresa que es de todos los peruanos, manteniendo el control del Estado sobre sus activos".
El futuro de Petroperú
La meta central de estas acciones, añadió, es concretar hacia junio próximo la suscripción de los primeros contratos con capital privado, bajo esquemas en los que los inversionistas aportarán financiación y compartirán riesgos con el Estado, sin asumir la propiedad de los activos estratégicos.
El Gobierno de transición delegó el 1 de enero a Proinversión, la agencia estatal encargada de atraer inversión privada, la reestructuración del patrimonio de Petroperú, incluida su refinería de 6.000 millones de dólares, con el objetivo de garantizar su sostenibilidad y la continuidad del abastecimiento de combustibles en todo el país.
La norma, que tendrá vigencia de un año, ordenó que la agencia estatal Proinversión determine la modalidad aplicable, mediante un plan de promoción que debe ser aprobado en un plazo máximo de sesenta días.
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