Ningún comentario La Asociación de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) ha señalado que el real decreto-ley 8/2023, que prohíbe la venta de carburantes entre distribuidores, al no entrar en vigor hasta el 28 de marzo, ha generado un "efecto llamada", que ha provocado que cerca del 8% de las gasolineras venda carburantes por debajo del precio de mercado.
En su boletín de febrero, la asociación, en la que se integran grandes distribuidores, como Repsol, Cepsa, BP, Galp, Saras o Gunvor, considera un paso en la buena dirección el real decreto-ley para luchar contra el fraude en la distribución de carburantes, pero no suficiente.
El fraude y las petroleras
AOP recuerda que el fraude evade el pago del IVA, al extraer la empresa que defrauda el carburante de un depósito de almacenamiento para su venta, dejando de ingresarlo en las operaciones de venta subsiguientes, pese a que es obligatorio.
Además, explica que los que cometen este fraude incumplen otras normativas sectoriales, como la obligación de incorporar biocarburantes.
El ca
La asociación de operadores petrolíferos indica que, según las estimaciones de la consultora KPMG, el volumen de ventas que podrían haber gestionado los operadores irregulares entre 2012 y 2022 ascendería a 26.000 millones de euros, y en ese periodo los importes defraudados o impagados en materia de IVA serían de 588 millones de euros.
AOP señala que para evitar el fraude del IVA lo que han implantado otros países, como Italia, es obligar a que el pago del impuesto se haga en el momento de la extracción de los carburantes del depósito de almacenamiento.
No obstante, para evitar que ésto suponga un obstáculo a los operadores que si cumplen la normativa, en Italia se permite una exención del pago anticipado a los operadores que o bien reúnan las condiciones de confiabilidad, o bien presenten una garantía a favor de la Administración Tributaria.
Además, en España los operadores están obligados a vender un mínimo de biocarburantes para el transporte y si no lo cumplen, tienen que hacer unos pagos compensatorios.
AOP señala que, conforme a que las obligaciones han ido aumentando (en 2024 se sitúa en el 11% del total del carburante de automoción), han aumentado las cantidades no ingresadas en concepto de compensación.
El Gobierno aprobó a finales de diciembre dentro del real decreto-ley 8/2023, de medidas para afrontar las consecuencias de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, una modificación de varios artículos de la Ley del Sector de Hidrocarburos, dirigida a combatir el fraude por parte de determinadas empresas en la distribución de carburantes.
Según indica el real decreto-ley, la redacción de esos artículos estaba siendo utilizada por ciertas empresas para saltarse las obligaciones que se aplican a los agentes del sector.
La Guardia Civil está investigando a gasolineras por vender por debajo de costes, a precios muy bajos a costa de no pagar el IVA a Hacienda.
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