Podemos, PP y Vox tumbaron en noviembre el último intento de aprobar el impuesto al diésel que exige la UE

Podemos, PP, Vox y UPN tumbaron el pasado noviembre en el Congreso de los Diputados el último intento de aprobar la subida fiscal al diésel que la Comisión Europea exige a España para descongelar más de 1.000 millones de euros de los fondos europeos.

En el marco de la ley para instaurar un impuesto mínimo global a grandes empresas, las tres formaciones unieron sus votos en contra de una enmienda del PSOE para eliminar, a partir del 1 de abril del 2025, la bonificación fiscal que tiene el diésel con respecto a la gasolina.

La enmienda tenía por objeto introducir un mecanismo para rebajar la tributación, que se activaría si durante dos meses consecutivos la media del precio del diésel superase los dos euros por litro y la media de cotización del barril de Brent se incrementara ese segundo mes por encima de la media del mes anterior.

La medida era uno de los hitos que la Comisión Europea exigía a España para acceder a los fondos europeos. Además, PSOE y Sumar llevaban en su acuerdo de Gobierno un punto para avanzar en la fiscalidad verde siguiendo la filosofía de "quien contamina paga".

Contra el impuesto al diésel

Sin embargo, los números no le dieron al Gobierno en el Parlamento para que el diésel fuese más caro y tuvo que encajar la derrota. El PP y Vox lo rechazaron por su oposición a las subidas de impuestos y Podemos por considerar que podría perjudicar a las clases trabajadoras y que sería preferible actuar fiscalmente contra las energéticas.

Aunque miembros del Ejecutivo se han mostrado optimistas con que la medida pueda salir adelante, esta no ha vuelto a incluirse en ningún decreto ni otros textos legislativos que se han votado en el Congreso ante la oposición frontal de Podemos, socio de investidura.

Y este lunes la Comisión Europea ha congelado por este motivo a España cerca de 1.000 millones del quinto tramo del plan de recuperación y resiliencia, que lleva asociados 23.900 millones --8.000 millones en subvenciones y 16.000 en préstamos--.

La congelación de esa partida también se debe al incumplimiento con las inversiones en la digitalización de las entidades regionales y locales. España dispondrá ahora de un plazo adicional para completar los hitos pendientes, aunque seguirá recibiendo un pago parcial por el resto de hitos que sí ha completado.