Sumar reclama al PSOE un decreto con un impuesto a energéticas, ayudas a transportistas y tope a los precios

La coordinadora de Sumar, Lara Hernández, ha reclamado este lunes al PSOE impulsar un decreto ley anticrisis derivado del conflicto en Irán, donde se incluya recuperar el impuesto a las empresas energéticas, establecer ayudas para los transportistas profesionales y limitar los precios de la energía y de los alimentos.

En una rueda de prensa, Hernández ha apuntado que más allá de las consecuencias humanas que está teniendo el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, también se han desatado consecuencias económicas que están "notando ya" en los bolsillos de la ciudadanía, principalmente por la escalada del precio del petróleo que ha superado los 100 dólares el barril.

Así, la representante de Sumar ha enfatizado que es necesario adoptar medidas "urgentes" para aliviar la economía de la ciudadanía y por ello el socio minoritario del Gobierno ya ha puesto sobre la mesa una idea de decreto ley que amplíe el conocido como 'escudo social' (que fue derogado por PP, Vox y Junts) pues entiende que dada la tesitura se ha quedado "pequeño".

"Entendemos que el Estado debe proteger a todo el conjunto de la ciudadanía, a los trabajadores, a las trabajadoras, a las empresas, a los autónomos y por supuesto también a las familias más vulnerables, aún más si cabe", ha apostillado.

Sumar y el PSOE

Este paquete legislativo no tiene fecha prevista para llevarse al Consejo de Ministros, ya que la propia Hernández ha desgranado que el Consejo de Ministros no abordará mañana ningún paquete específico. Fuentes de la agrupación plurinacional apuntan que el PSOE, socio mayoritario del Ejecutivo, no tiene prisa por llevarlo a aprobación, pero sí creen que los socialistas son proclives a aprobarlo en algún momento.

Entre las medidas que incluyen este decreto y que ha desgranado Hernández se encuentran la recuperación de la excepción ibérica, medida que utilizó el Gobierno durante la guerra en Ucrania para intervenir el precio del gas poniendo un tope máximo, en este caso, de 30 euros el megavatio hora.

Por otro lado, Sumar también quiere recuperar el impuesto extraordinario a las empresas energéticas, que aunque llegó a estar en vigor se suspendió en el Congreso y con el que se recaudaron 1.300 millones de euros.

Hernández también ha planteado que aumente el número de familias que perciben el bono social eléctrico y se mantenga congelada la tarifa de último recurso del gas, así como reforzar las bonificaciones al transporte público y bonificar aquellos sectores profesionales que dependen más del gasóleo, como transportistas, agricultores, pescadores o taxistas.

Ayudas

Asimismo, ha sugerido ayudas a los particulares como también se hizo con el conflicto en Ucrania cuando se rebajó veinte céntimos el litro de combustible, pero siempre que el precio esté al menos en los dos euros el litro. Hernández también ha sugerido conceder ayudas a la industria electrointensiva y gasintensiva.

En materia de vivienda, la coordinadora de Sumar aboga por prorrogar los contratos de alquiler que vayan a vencer para que "nadie se quede en la calle" y fijar controles en los precios de alimentación básicos como se hizo con las mascarillas en la pandemia.

Por último, Hernández ha hecho un llamamiento a ser lo menos dependiente posible de la energía fósil e impulsar una inversión "masiva" en energías renovables y la electrificación del país.

El escudo social de Podemos

Por su parte, el coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha reclamado al Gobierno que incluya una serie de medidas como escudo social ante los efectos socioeconómicos de la guerra de Irán.

Entre ellas, ha citado bajar un 40% el precio de los alquileres, una moratoria antidesahucios para familias vulnerables de al menos un año, expropiar viviendas de fondos buitre, un cheque energético de 300 euros para las familias con ingresos inferiores al salario mínimo, la recuperación del mecanismo de excepción ibérica para topar el precio del gas, limitar los márgenes de beneficio empresarial de grandes superficies de alimentación (no más del 2%), crear un supermercado público y transporte público gratuito, entre otras.

"Todas son medidas totalmente factibles, tanto en coste económico como por existencia de vías legales en nuestro ordenamiento jurídico para llevarlas a la praxis, y únicamente se necesita voluntad política, una voluntad política de la que, a día de hoy, adolece el Gobierno", ha apostillado Fernández.