El presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana, ha advertido de que las normativas europeas que gravan las emisiones de CO2 de los buques pueden provocar una derivación de los tráficos de mercancías que ahora se realizan en España a otros países no europeos.
En un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum (NEF), Santana ha alertado de que esta situación provoca que los puertos españoles pierdan conectividad y, con ello, competitividad, por lo que ya ha avisado al Ministerio de Transportes para vigilar esos efectos negativos.
El presidente de esta empresa pública ha señalado que unos estudios preliminares realizados en diciembre del año pasado han detectado un aumento "inusual" del tránsito en terceros países cercanos a la Unión Europea, como Reino Unido, Marruecos, Egipto, Israel o Turquía.
El estudio de la situación ha descartado que esos incrementos de deban a un aumento de la actividad económica de esos países, a unos costes operativos menores o a una mayor congestión de los puertos europeos, pero sí pueden tener que ver con el mayor nivel de inversiones que están atrayendo.
"Cuando se toma una decisión de inversión en un tercer país, revertirlo a largo plazo ya es complejo. Y esto, al final, supone una disminución de nuestra conectividad marítima", ha lamentado.
Precisamente, esa normativa que grava las emisiones en Europa provoca una deslocalización de las inversiones a esos terceros países, lo que podría explicar ese aumento de la inversión en esos mercados y un incremento paralelo de los tráficos.
En el caso de España, la afectación se agrava, puesto que es el primer país de la Unión Europea en conectividad marítima, lo que posibilita que las empresas puedan exportar sin tener que pasar por otros puertos y pagar por tránsitos intermedios que no aportan valor a la cadena logística.
Sin embargo, ese aumento de los tránsitos en otros países se traduce "en una pérdida de soberanía logística", según Santana. En cualquier caso, la situación se está analizando para sacar conclusiones y poder tomar medidas.
Los proyectos
En este mismo sentido, ha asegurado que la normativa también ralentiza el desarrollo de proyectos, en comparación con la velocidad con la que se tramitan en países como Marruecos.
"Tenemos un marco medioambiental a nivel europeo que exige una serie de estudios que ralentizan durante años esos proyectos que hay que hacer de infraestructura y eso no ocurre en Marruecos, donde todos esos trámites se pueden tener resueltos en un año", ha argumentado.








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